No hay tregua, ni día tranquilo en el PP. La confesión con ocho años de retraso del empresario alicantino Enrique Ortiz sobre la financiación ilegal de los populares en la Comunidad en 2007 y 2008 cayó ayer como otra pesada losa sobre un partido que intenta recuperarse, mal que bien, de la onda expansiva del «caso Imelsa» y la suspensión de militancia del grupo municipal de Valencia. Ante este nuevo mísil en la línea de flotación del PP en términos de daño reputacional y grave deterioro de la imagen pública, las direcciones provincial y regional optaron por una respuesta de manual: guardar silencio ante un asunto que aún está en sede judicial y escudarse en que los cinco exdirigentes acusados en esta subtrama del «caso Gürtel» ya no están en el partido.
En efecto, los cinco exaltos cargos del PP encausados en esta pieza separada están fuera de la formación. Todos ellos formaron parte de la «guardia pretoriana» del expresidente Francisco Camps en la época dorada del campismo: el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, el secretario general del PPCV Ricardo Costa, el exvicesecretario de Organización David Serra, la gerente Cristina Ibáñez y la extesorera Yolanda García. Rambla pidió la baja en el partido y los otros cuatro están suspendidos de militancia.
En esta causa, la Fiscalía pide siete años y nueve meses de cárcel para Rambla, Costa, Serra e Ibáñez; y seis meses y 650 euros de multa para Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros por delitos electorales, de fraude fiscal y falsedad documental. Los escritos de acusación sostienen que los cinco exdirigentes del PP se concertaron con la cúpula de la «red Gürtel» dirigida por Francisco Correa y con 10 empresarios -Ortiz entre ellos- para financiar de manera ilegal al partido a través de facturas por servicios no prestados con las que se pagaba a la empresa de la trama, Orange Market, la organización de actos del PP.
De incendio en incendio, con el Consell y toda la izquierda lanzados a su yugular, tanto la dirección provincial como la regional -así como los principales dirigentes del PP en Alicante y la Comunidad- se refugiaron ayer en el silencio por considerar que el asunto está aún en sede judicial y que los cinco acusados ya no pertenecen al partido y forman parte de otra época.
Mucho se han esforzado los actuales responsables del PP, Isabel Bonig en Valencia y José Císcar en Alicante, por marcar distancias con la ominosa carga de la «herencia recibida» con los casos de corrupción de la etapa anterior con Camps al frente del partido y del Consell. Bonig y Císcar han exigido firmeza ante el cuartel general de Génova para que no se aflojen las «líneas rojas» con los asuntos bajo sospecha.
En esta exigencia han contado con el apoyo de la nueva hornada de dirigentes nacionales del PP -Pablo Casado, Javier Maroto y Martínez-Maíllo, singularmente-, que representan un cambio generacional con respecto a la «vieja guardia» liderada por Mariano Rajoy.
Así, frente a la línea de prudencia institucional y no injerencia en asuntos «sub iudice» expresada ayer por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Casado recalcó en relación con la confesión de Ortiz que «no habrá impunidad» para nadie en el partido y que los responsables de posibles casos de corrupción «lo están pagando ya o lo pagarán en el futuro».
Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, recibió rápidamente la réplica del portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, que destacó que la confesión tardía del empresario Enrique Ortiz es la «prueba definitiva» de la financiación ilegal de los populares en las campañas de las generales de 2008 y las municipales y autonómicas de 2007.
En su escrito de defensa, Ortiz reconoce haber efectuado pagos ficticios por valor de casi 350.000 euros para las generales de 2008. La Fiscalía Anticorrupción reseña entre los pagos efectuados en dinero negro a la red Gürtel durante esa campaña uno de 27.264 euros por el acto protagonizado por Rajoy el 28 de febrero en IFA.
