La Conselleria de Vivienda ha puesto a la venta con una rebaja sobre su precio anterior de hasta el 38% el stock de 95 viviendas de protección oficial que tiene en la provincia, y que se quedaron sin salida en la anterior legislatura por la falta de demanda debido a la crisis económica y los altos precios, ya que se trataba de pisos cuya promoción pública se planteó y diseñó en pleno «boom» del ladrillo, por lo que las tarifas se dispararon y quedaron fuera de mercado. Las 95 viviendas se ubican en Alicante, Orihuela, Pego y San Vicente y los precios están en una horquilla de entre 36.000 euros y 154.000 euros.

La Generalitat se encontró con un parque propio de 330 viviendas nuevas de protección oficial pública que construyó el Consell del PP para su posterior venta a precios económicos, pero que se quedaron vacías por la falta de demanda debido a la crisis económica y a los recortes de las subvenciones del Ministerio de Fomento y del propio Consell. Los pisos se levantaron en pleno «boom» del ladrillo y se quedaron después sin salida, precisamente, cuando se incrementó la sangría de los desahucios.

La alternativa para intentar su venta ha pasado por modificar su calificación para que se puedan alquilarse con opción a compra, o vender a precios más bajos, para lo cual se han bajado una media del 15% y puntas de hasta el 38%, como sucede con una promoción que se construyó en la Vega Baja. Pisos tasados en 111.534 euros que se ofrecen ahora desde 69.000 euros.

Los pasos para facilitar el acceso de las VPO públicas pendientes de venta se basan en promover ajustes normativos para modificar el régimen de uso de los pisos para que puedan estar a disposición tanto en régimen de venta, como de alquiler o alquiler con opción a compra, según las necesidades que presente cada caso concreto. Actualmente, existen en la Comunidad Valenciana un total de 1.042 viviendas de VPO de promoción pública en régimen de alquiler y más de la mitad están vacías, y hay 330 viviendas a la venta que no tienen comprador.

La modificación del régimen de las viviendas permite, según la conselleria, adaptar la oferta a la demanda en cada momento y dinamizar el mercado, ya que así se evita que se queden inmuebles vacíos porque no se adaptan a las necesidades de quienes se interesen por ellos. Se trata de viviendas de VPO con una superficie máxima de 95 metros cuadrados, todas ellas con garaje y algunas incluyen trastero. Pisos de dos y tres habitaciones y uno o dos cuartos de baño.

En este sentido, las VPO de las que dispone la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) en venta podrán cambiar el régimen al de alquiler o arrendamiento con opción a compra, con rentas algo más reducidas, siempre y cuando esta opción se adapte mejor a los posibles inquilinos y cumplan los requisitos, según el Consell.

Otra de las medidas impulsadas por la consellera María José Salvador ha sido la modificación de los módulos de la vivienda protegida para reducir sus precios.

Dado el excedente de vivienda acabada nueva y sin vender que dispone en la actualidad el Consell en varias localidades, la Consellera de Vivienda autorizó en diciembre el uso de las viviendas protegidas para ampliar las posibilidades de acceso a los inmuebles. Por ello, se ha dado un paso más al acordar la firma de protocolos de colaboración con las corporaciones locales para impulsar la comercialización de dichas viviendas. El Consell tiene VPO en Orihuela, Pego, San Vicente del Raspeig, Alicante, Vinaroz, Albaida, Gandía, Gavarda, Sueca, Torrent, Paterna, Castelló y Valencia. Los ayuntamientos deben facilitar información sobre las condiciones de acceso a estos inmuebles, y recoger las solicitudes para su alquiler y proporcionen información en su web.