El sector agrícola de la provincia de Alicante celebró ayer el anuncio del presidente Ximo Puig de que defenderá en los tribunales el Tajo-Segura enfrentándose al gobierno de Castilla-La Mancha. Los agricultores le pidieron, no obstante, que no baje la guardia porque los enemigos del Acueducto buscarán todo tipo de recursos, incluso la vía del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que ya han anunciado PSOE y su socio Podemos.

Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante (20.000 comuneros) se mostró satisfecho y apeló a respetar el memorándum. «La consellera Elena Cebrián ya nos había comunicado que nos iba a defender a muerte con los trasvases, y entiendo que es lo correcto, al margen de que tengan que oponerse a su mismo partido. Agradecemos la postura del presidente de la Generalitat en defensa de los agricultores alicantinos. La Generalitat tiene que defender a los agricultores. Si hay un memorándum, que es una ley que está firmada también por Castilla-La Mancha, no pueden saltárselo. Mientras esté en vigor, hay que cumplirlo y punto. No creo que esos recursos pudieran prosperar. Todo lo contrario, confío en que sigan aprobándose trasvases a partir de mayo teniendo en cuenta el agua que hay ahora mismo en los pantanos».

José Andújar, presidente de los regantes de la Margen Derecha del Trasvase Tajo-Segura, (1.200 comuneros) se mostró satisfecho por el paso adelante dado por el Consell. «Estamos muy satisfechos porque la consellera Elena Cebrián ha recogido nuestra reivindicación. Lo que está haciendo el gobierno castellano-manchego con sus recursos es aberrante, porque incluso recurren por sistema hasta los envíos para el consumo, para los abastecimientos. Nos parece muy bien y hoy es un día para felicitar al Consell. Espero que siga así». Andújar recordó, por otro lado, que «la situación sigue siendo muy preocupante porque los agricultores necesitamos más que 12,5 hm3 al mes y la situación en el Tajo no es buena».

Aumentar la línea roja

Antonio Rico, director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante apuntó, por su parte, que «es lógica la reacción del Consell. No podía ser de otra forma, y quiero aprovechar también para apuntar otro factor, que creo que es muy importante y en el que debe trabajar la Generalitat. Debemos incidir en las normas de explotación del trasvase. Hay que cambiarlas para volver al escenario anterior, el que fija la línea roja a partir de la cual no hay trasvase en los 240 hm3 y no los 400 hm3 como se cambió con datos erróneos. El aumento de los consumos de Madrid no han sido los esperados».

Carlos Barrera, juez de Aguas de Almoradí, consideró que «todo lo que sea defender los intereses de los regantes tradicionales o del trasvase es positivo. La Generalitat no solo tiene que defenderlo en los tribunales, sino también defender a los riegos tradicionales ante la Confederación del Segura. Deben intervenir para que no se nos perjudique porque no pueden desnudar un santo para vestir a otro». Barreda aseguró, no obstante, que «la decisión de Ximo Puig es oportuna y tendría que haberse hecho antes. Vemos que la administración murciana sí apoya a sus regantes y en Valencia deben apoyarnos más. Hasta hace poco para Valencia solo existía la cuenca del Júcar, y los del Vinalopó y los del Segura también tenemos derechos».

Ángel Urbina, presidente de la SAT San Enrique, apuntó que «estamos ante la demostración de que hacemos todo conforme a la ley, como se hizo en el memorándum. Se puede recurrir, y nos darán la razón, porque el memorándum es la mejor defensa del trasvase. El problema es que no llueve sobre Entrepeñas y Buendía. Llueve en todos los sitios, menos en el Alto Tajo y Alicante. Las reglas de explotación funcionan, falta agua y las desaladoras no son la solución. Hay que terminar el Plan Hidrológico Nacional y conectar cuencas con el Tajo-Segura» Urbina alertó, por otro lado, a Puig de que «García-Page y sus socios de Podemos ya preparan la revisión del Estatuto de Castilla La Mancha, donde quieren hacer lo que no logró el señor Barreda, aumentar las reservas por ley y doblar los caudales ecológicos».