De 4 años a 15 meses de cárcel ha rebajado la Fiscalía Anticorrupción la petición de pena para Enrique Ortiz después de que el empresario haya admitido que financió ilegalmente al PP de la Comunidad y se haya declarado culpable de un delito electoral y de otro de falsedad documental.

Tras varias semanas de conversaciones entre el abogado del constructor y la fiscal Anticorrupción Myriam Segura, el escrito que el martes pasado se presentó en la Audiencia Nacional da un vuelco a la postura mantenida hasta ahora por Ortiz, quien de negar las acusaciones ha pasado a convertirse en el primer empresario que admite haber financiado ilegalmente al PP de la Comunidad, al que a través del entramado de empresas de la red corrupta Gürtel inyectó cerca de 350.000 euros como pago por trabajos que en realidad no se habían realizado. Con este dinero se contribuyó a sufragar los gastos generados por los populares en la campaña de las elecciones generales de 2008. Otros nueve empresarios de la Comunidad están acusados por estos hechos tanto en estos comicios como en los municipales y autonómicos de 2007.

En su escrito, el principal contratista de la ciudad asume las tesis tanto de la acusación pública como de la popular, que ejerce el PSPV y quien también está al tanto de este acuerdo, y plantea que se le aplique la atenuante de «confesión tardía», algo a lo que la Fiscalía se compromete una vez se ratifique la conformidad «en presencia judicial».

Previa a la presentación del escrito, el empresario ingresó en la cuenta del juzgado los 40.133 euros que para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles le reclamó el juez en el auto de apertura de juicio. Lo mismo que hizo en el caso de José Beviá, el empleado que se encargó de la gestión de los contratos con las empresas de Correa para el que la Fiscalía reclamaba la misma pena que para Ortiz y con quien se ha seguido idéntica estrategia de defensa que la del promotor y con los mismos resultados.

Además de las penas de prisión, también ha habido acuerdo en la imposición de sendas multas, una por cada delito, que sumadas superan los 64.000 euros.

Pese a que los 15 meses a los que, en el peor de los casos, podría ser condenado el empresario por estos hechos no le obligarían en principio a ingresar en prisión (salvo que para cuando hubiera sentencia firme contara con antecedentes penales), su abogado ha solicitado además que la sustitución de las penas de prisión por la correspondiente multa. Y, en caso de que así no fuera, «suplicamos que las acusaciones soliciten y el tribunal acuerde sentencia la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad», precisa.

En el escrito en que, por su parte, la Fiscalía refrenda el acuerdo alcanzado con la defensa de Ortiz, la fiscal menciona el que «se reconozcan los hechos recogidos en el escrito de acusación», hace alusión a la atenuante planteada por el empresario por haber confesado y a su «disposición a satisfacer las responsabilidades pecuniarias que le sean impuestas». Y apostilla la acusadora pública que «el reconocimiento de la participación en el delito y por tanto de su aportación a la defensa del bien jurídico, de forma espontánea o estratégicamente deliberada, facilita el ejercicio del ius punendi (acción sancinadora) del Estado y el restablecimiento del orden jurídico alterado por el delito».