8 empresarios valencianos más están acusados de inyectar casi un millón de euros al PP

Los hermanos Martínez Berna pagaron según el juez 200.000 euros a Orange Market por trabajos fingidos

02.04.2016 | 04:29

El dinero de los promotores serviría para financiar en «B» los actos de campaña de los populares.

La confesión del promotor Enrique Ortiz puede ser la primera ficha del dominó de empresarios de la Comunidad Valenciana en reconocer que financiaron ilegalmente al Partido Popular durante las campañas electorales de 2007 y 2008. Además de Ortiz y su hombre de confianza en Valencia, José Francisco Bevià –encargado de negociar con las empresas de la trama Gürtel en Valencia–, otros ocho responsables de constructoras están acusados de pagar en «B» a Orange Market por los trabajos que esta empresa realizó para el PP.

Se trata de las firmas Hormigones Martínez, de los hermanos alicantinos Tomás y Rafael Martínez Berna –este último expresidente de COEPA–; Dols y Piaf, de Antonio y Alejandro Pons Dols; la firma Facsa, de Enrique Gimeno; Lubasa, del castellonense Gabriel Batalla; Pavimentos del Sureste, del empresario Enrique Fresquet; y Sedesa, del empresario Vicente Cotino, sobrino del que fuera vicepresidente de las Cortes Valencianas y exconseller, Juan Cotino, además de la mercantil Ortiz e Hijos, propiedad de Enrique Ortiz. La investigación de la trama Gürtel reveló que estas empresas financiaron presuntamente al PP a través de abonos a Orange Market por valor de 1.244.831.

Fueron las firmas alicantinas las que más pagaron a Orange Market, ascendiendo la cantidad a 348.115 euros en el caso de la firma de Ortiz (que abonó trabajos simulados en dos ferias y un campeonato de mus), solo superada por la mercantil Facsa, que pagó 350.000 euros por trabajos en las campañas electorales. Hormigones Martínez, filial de Pavimentos del Sureste SA, abonó 199.520 euros a Orange Market para descontar la deuda del PP. Según el sumario, los conceptos por los que se abonó esta cantidad fueron la elaboración de ocho lonas publicitarias, dos informes y trabajos de asesoramiento.Estas mercantiles asumieron el pago de los servicios adeudados por el PP a la sociedad Orange Market SL por los trabajos realizados durante las campañas electorales en 2007 y 2008. Esta firma, brazo empresarial de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, cobraba a los empresarios a través de facturas que fingían trabajos que en realidad no eran realizados. Con esos pagos, los empresarios de la construcción estaban pagando buena parte de la deuda que los populares tenían con Orange Market. Así, el PP sufragó todos los actos de las campañas electorales municipales, autonómicas y generales de 2007 y 2008 de forma dual, según el juez, utilizando un circuito ilegal de dinero al que llamaron «Barcelona», dinero en «B». El juez, en base al escrito de acusación de la Fiscalía, deja claro que estos grupos empresariales no podían hacer donaciones al PP por tener contratos con la administración Pública. Por ello, los pagos que hicieron a Orange Market de la deuda que con esta sociedad tenía el PP se materializaron como pagos por supuestos servicios que en realidad no se produjeron. Y así lo ha ratificado Ortiz. El fiscal solicita para los diez empresarios por delito electoral y falsedad documental penas que van de los cuatro años de cárcel –por ejemplo en el caso de Ortiz– a los seis años para Enrique Gimeno, Alejandro Pons, Antonio Pons y Gabriel Batalla, quienes financiaron supuestamente al partido en las tres campañas electorales de 2007 y 2008: las municipales, las autonómicas y las generales. Para el resto de empresarios pide cinco años. Estos servicios prestados por Orange Market al PP que no fueron objeto de facturación, contabilización ni declaración tributaria, pero sí cobrados por las inyecciones del circuito de empresarios, ascendieron a más de 1.200.000 euros en las elecciones de 2007 y más de 800.000 por las Generales de 2008, entre ellos, actos en Torrevieja, IFA o la visita de Mariano Rajoy a la capital.

El juez concluye que existen otros abonos a Orange Market a través del circuito de pagos ilegal de millón y medio de euros que no estarían ligados a la campaña electoral y que incluyen, entre otros, actos del PP en Alicante, Elda o Elche.

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