El drástico cambio que implica en la práctica la nueva planificación educativa ha provocado la alarma entre el grupo popular en la oposición parlamentaria. La portavoz adjunta y exconsellera de Educación, María José Catalá, advierte de que su formación «emprenderá acciones legales contra la conselleria si vulnera el derecho de las familias a elegir centro escolar. La libertad de los padres está por encima de todo». La supresión del distrito único que implantó Catalá, y la bajada de ratio, dan al traste con lo que fue su política de acceso a los centros escolares. La diputada del PP culpa a Marzà de aplicar «políticas ideologizadas, sectarias, destructivas y de falso consenso». V. B.
