23 de marzo de 2016
23.03.2016

Pavón suspende las licencias para nuevos vertederos en las partidas

La Junta de Gobierno acuerda impedir la concesión de autorizaciones para plantas de residuos o industrias contaminantes

23.03.2016 | 07:23
Pavón suspende las licencias para nuevos vertederos en las partidas

Este tipo de empresas no recibirá el permiso para edificar en suelo no urbanizable del término municipal alicantino.

La Junta de Gobierno Local acordó ayer suspender la concesión de licencias para nuevos vertederos, plantas de tratamiento de residuos o industrias contaminantes en todo el suelo no urbanizable de la ciudad. Una medida que se acuerda de manera provisional, por dos años, hasta modificar el Plan General vigente y hacerla definitiva. Con ella, se da cumplimiento a un acuerdo de pleno de mayo de 2015 (aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos del anterior mandato) para evitar más actividades de este tipo en las partidas rurales, donde ya se ubica el vertedero de Fontcalent o la cementera.

La medida plenaria se acordó ante las reivindicaciones vecinales y el temor a la instalación de un nuevo vertedero de escombros y fábrica de abonos en Fontcalent. Ayer, los miembros del tripartito respaldaron la propuesta del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, para suspender la concesión de licencias en estos casos.

En concreto, la medida se aplicará para evitar «la construcción de nuevas plantas de tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos de cualquier tipo y edificaciones o instalaciones vinculadas a industrias contaminantes». También se suspenden licencias para ampliar las existentes. No obstante, Pavón explica que la medida no afectaría a la actual tramitación de la ampliación del vertedero de Fontcalent con una quinta celda, pero recuerda que sobre la misma hay interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por parte de Ecologistas en Acción y Esquerra Unida que está pendiente de sentencia.

En un comunicado, el vicealcalde incide en que la suspensión de licencias para estas actividades se aplicará a todo el suelo urbanizable del término municipal. «Dado que las instalaciones que se pretenden limitar en las partidas rurales sólo pueden ubicarse sobre suelo no urbanizable, los técnicos municipales han estimado conveniente aplicar la suspensión a todo el suelo no urbanizable del término municipal», explica Pavón. En esa línea, Pavón señala que los vertederos de residuos como tal «se ubican en suelo no urbanizable y núcleos aislados», por lo que la medida podría evitar la instalación de más actividades de este tipo en toda la ciudad. En declaraciones a este diario indicó que, con esta suspensión, sólo podrían tener cabida determinadas instalaciones de tratamiento de residuos, no vertederos, en polígonos industriales, en suelos considerados urbanos.

De la suspensión de licencias en suelo no urbanizable se excluyen algunas actividades agropecuarias, como granjas, almazaras o bodegas de vino, así como campings, estaciones de servicio o pistas de carreras, entre otras.

«Con el acuerdo se da un paso fundamental para que las partidas rurales no vean deteriorada su calidad de vida con nuevas instalaciones contaminantes que han suscitado un amplio rechazo vecinal», agregó Pavón.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local acordó ayer devolver a Enrique Ortiz la garantía de 38.700 euros por el contrato de mantenimiento del cementerio que se le adjudicó en 2010. Un contrato que se adjudicó por dos años y se prorrogó por otros dos, hasta julio de 2014. El contrato no ha vuelto a adjudicarse y Ortiz sigue prestando este servicio al margen del contrato, que ya lleva más de año y medio caducado. El tripartito sigue sin decidir si municipaliza este servicio o lo vuelve a sacar a licitación.

Por otro lado, la Junta de Gobierno acordó devolver 290.000 euros por el de IBI cobrado indebidamente en los últimos cuatro años a la anterior propietaria del centro Comercial Gran Vía, según explica la edil de Hacienda Sofía Morales. La edil explica que, aunque la propiedad cambió de titular, los recibos del IBI se siguieron girando desde 2012 al anterior propietario. Explica que ahora se reclamará el importe a los actuales propietarios, aunque lamenta que el ayuntamiento pierda los 28.600 euros de intereses de demora que ha tenido que abonar a la anterior propietaria por el retraso en la devolución.

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