Techdata, la empresa de los amigos de la edil de Acción Social Nerea Belmonte, se adelanta a los acontecimientos. Un día antes de que Guanyar les pida la ruptura del contrato de comunicación ruptura contrato comunicación que mantienen con la concejalía hasta el 30 de junio, los propietarios de la compañía anunciaron ayer la rescisión unilateral de ese vínculo por sentirse «víctimas propiciatorias» de una «batalla política interna en el Ayuntamiento» que les resulta ajena. Francisco Olivares Laso y Manel Tejeda Martín -los dos socios administradores de la empresa y compañeros de la concejal en la candidatura de Podemos al consejo ciudadano de la formación- recalcaron ayer la «total legalidad» de sus contratos y facturas con Acción Social, se ofrecieron a completar «a coste cero» los cursos de formación que tienen pendientes y se reservan posibles acciones legales para reparar el «grave perjuicio profesional por un enfrentamiento político».

Una semana después de que estallara el escándalo por la adjudicación a Techdata Comunicación Alicante de contratos menores y facturas por un total de 17.000 euros entre septiembre de 2015 y junio de este año, la empresa confirmó ayer que rompe unilateralmente el último contrato que se le adjudicó en enero por 7.260 euros para la elaboración de un plan de comunicación de la concejalía, el acabado de la página web, formación a empleados municipales y apoyo en la preparación de actos públicos.

La rescisión de Techdata se produce un día después de la reunión entre la edil Belmonte y la dirección de Guanyar en la que ambos acordaron finiquitar ese contrato y un día antes de que hoy se reúnan los tres socios del tripartito -PSOE, Guanyar y Compromís- para exigir explicaciones a la concejal por las adjudicaciones a sus amigos y compañeros de partido.

«Queremos destacar que toda esta contratación es completamente legal, que no existe ninguna irregularidad y que somos la víctima propiciatoria de una batalla política en el Ayuntamiento en la que no tenemos nada que ver», explicó Olivares a este diario. «El hecho de nuestra militancia personal no debe ser determinante a la hora de otorgar un contrato, pero tampoco debe serlo para no poder conseguirlo», añadió.

Olivares aseguró que no ha recibido ninguna notificación personal ni oficial sobre el acuerdo de Guanyar para rescindir el contrato y calificó de «vergüenza» que «algunos partidos políticos instrumentalicen las instituciones para sus peleas políticas, sin importarles perjudicar, filtrando facturas y contratos, a una pyme recién creada que quiere hacerse un hueco en el mercado ». Techdata asegura que las tarifas que se han publicado corresponden a propuestas exclusivas para el Ayuntamiento de Alicante y que trabajan para otros consistorios de la comarca. «La difusión de esos datos perjudica enormemente los intereses de nuestra empresa», añadió Olivares.

«En este contexto», prosiguió, «es completamente imposible que sigamos prestando nuestros servicios a la concejalía de Acción Social, ya que estamos sufriendo un grave perjuicio profesional por un enfrentamiento político al que somos totalmente ajenos».

La empresa radicada en la Playa de San Juan, que comenzó a operar a finales del pasado verano, comunicará hoy formalmente su rescisión «irrevocable» al área que dirige Nerea Belmonte, la única edil de Podemos integrada en el grupo de seis concejales de Guanyar que forma parte del tripartito.

A pesar de la rescisión irrevocable, Techdata se ofrece a completar, sin coste alguno para el Ayuntamiento, los cursos de formación que estaban impartiendo a los técnicos municipales con el objetivo de poner fin a medio plazo a la externalización de los servicios de comunicación de esta concejalía. Antes de la contratación de esta empresa en septiembre, su labor la desempeñó durante los siete años anteriores otra firma privada, Intermundo.

Olivares expresó su deseo de que el Ayuntamiento depure responsabilidades por «las desagradables filtraciones de documentación privada» que han aparecido en la prensa y anunció que se reserva el derecho de emprender acciones legales para reparar el coste de imagen y «el daño» sufrido por su empresa.