El coste de la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular es de 12,85 millones, de los cuales 6,8 ya se estaban asumiendo, lo que supone que el coste adicional de la aplicación de este decreto para la Generalitat se ha calculado en 6,05 millones de euros. Así figura en una respuesta de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, sobre el coste del acuerdo de atención sanitaria universal, que formulaba el diputado de Ciudadanos Juan G. Córdoba.

Al respecto, Montón explicó que en la Comunidad el Real decreto 16/2012 excluyó del derecho a la sanidad universal a 127.000 personas inmigrantes en situación irregular. Montón señala que esta medida fue adoptada por el ejecutivo nacional «basándose en un supuesto ahorro económico que no fue avalado ni acreditado por ningún informe, y no se tuvo en cuenta, además, el sobrecoste que suponía la derivación a la atención de urgencias, donde el coste es mucho superior al de la atención primaria».

Montón indicó que antes de implantar la medida, se evaluó el impacto económico que provocaría en el presupuesto de la Generalitat. Así en la memoria económica se calculó que esta medida beneficiará a 30.000 personas.

Teniendo en cuenta que ya se estaban asumiendo alrededor de 6.800.000 euros anuales, se considera que el coste adicional que conllevará la aprobación de este decreto será de 3.250.000 euros en prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas y otros 2.800.000 euros en asistencia sanitaria.