El Tribunal Constitucional levantó ayer la suspensión cautelar que pesaba sobre el decreto ley por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. Según explicó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «hasta que haya una sentencia definitiva, podemos garantizar a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, sea cual sea su color y origen, el derecho a la salud».

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Constitucional suspendió el Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad y que fue impugnado por el Gobierno al entender que suponía una extralimitación competencial.

Posteriormente, el pleno de las Cortes acordó pedir al Gobierno la retirada de su recurso ante el Constitucional que bloqueaba la aplicación de este decreto. Una solicitud que justificó en una «imperiosa necesidad» ya que aludía a la posibilidad de que se produjera un aumento del número de infecciones e ingresos hospitalarios y riesgo de contagio de la población de determinadas enfermedades en el caso de mantenerse la suspensión y citó los ejemplos de casos en los que se había atendido esta petición de levantamiento en autonomías como el País Vasco y Navarra. Ahora el Tribunal ha levantado esa suspensión devolviendo así el derecho a la sanidad a todos los residentes en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, esta decisión no es definitiva, ya que ahora el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Puig mostró ayer la satisfacción del Consell por esta decisión del Tribunal Constitucional «que refuerza nuestras tesis y nos permite prestar los servicios sanitarios sin obstáculos legales». «Por ello, esta noticia da garantías para que la universalización de la sanidad sea una realidad; es una cuestión de sentido común y de racionalidad». Por este motivo, el jefe del Consell espera que el Gobierno central «derogue» la ley que restringe los derechos de las personas a acceder a la sanidad pública «porque es negativo para los intereses humanos de la sociedad». Puig aludió a la sociedad «que no entiende que no se pueda atender a las personas por su origen, porque no es una cuestión de papeles, sino de derechos humanos», y según el presidente, «este derecho los valencianos lo asumimos como propio». Además, se ha referido a los médicos y a los centros de salud para asegurarles que ahora ya no habrá ninguna traba porque la universalización de la sanidad en la Comunidad Valenciana «es una realidad».

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y portavoz, Mónica Oltra, especificó ayer que esta decisión del Tribunal Constitucional tiene efectos sobre el decreto ley que ratificaron las Cortes por una amplia mayoría de dos tercios. Según recordó, una de las primeras medidas dictada por el nuevo Consell fue la de dar instrucciones que «devolvían la sanidad universal a las personas sin SIP», tanto inmigrantes que carecían de tarjeta sanitaria como a españoles sin cobertura al haberla perdido por haber estado 90 días fuera de España. Ahora se aplicará el decreto hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo del asunto o hasta que «un próximo Gobierno de España derogue esa normativa». A su juicio, esto es justo «la madre del cordero» ya que, según Oltra, «hemos hecho un parche en una situación que nunca se debería haber producido», que es la de los recortes sanitarios con la norma estatal de 2012, que considera necesario que se derogue.