El Consell pagará las ayudas a los 5.600 compradores de VPO que excluyó el PP

Vivienda abona 103 millones de euros en ocho meses y salda la deuda que heredó del Ejecutivo de Fabra

04.03.2016 | 01:12
El Consell pagará las ayudas a los 5.600 compradores de VPO que excluyó el PP

La Conselleria de Vivienda ha habilitado una partida de 40 millones de euros para atender las reclamaciones de los 5.600 compradores –2.360 en la provincia de Alicante– de una vivienda de protección oficial, a los que el anterior Consell no les reconoció la deuda pese a cumplir los requisitos (popularmente conocidos como los solicitantes por la resolución 501). Con ello, se aporta la misma «seguridad jurídica» que al resto de afectados por la deuda de 240 millones de euros que sí que está reconocida por la ley y prácticamente se ha pagado ya. Una vez que se acabe con la tramitación de los últimos expedientes de la deuda reconocida, la Conselleria procederá, en un periodo de entre 4 y 6 meses, al pago de las resoluciones 501, que ascienden a 40 millones de euros. Ya se están solicitando a los beneficiarios de estas ayudas que preparen la documentación necesaria para cuando se empiecen a tramitar los pagos, posiblemente a partir de julio.

Vivienda ha finalizado prácticamente en los últimos ocho meses con el pago de la deuda que se mantenía desde 2009 con los cerca de 50.000 compradores (la mitad en Alicante) de una vivienda de protección oficial a los que se debía la subvención, pese a tenerla reconocida, por la angustia financiera del gobierno autonómico dirigido por el PP.

Siete años después todos los propietarios tienen ya el dinero en el bolsillo tras el abono desde julio de una partida de 103 millones de euros. Según los datos facilitados por la conselleria que dirige María José Salvador, en estos momentos se han abonado ya 220 millones de euros de una deuda total reconocida de 240 millones, con lo que quedan pendientes unos 20 millones de euros, que corresponden, la mayoría, a expedientes de «difícil solución» ya que los afectados no han presentado la documentación necesaria para poder hacer efectivo el pago. Los afectados tienen un plazo de tres meses para aportar la documentación necesaria, antes de que se declare la caducidad de los expedientes.

La parálisis financiera del Consell del PP dejó plantadas a unas 25.000 familias alicantinas que habían adquirido una VPO y se quedaron sin las ayudas del «cheque-vivienda», pese a tenerlo aprobado en un 80% de los casos. Una subvención de entre 11.000 y 13.000 euros de media que la Generalitat no pagaba desde marzo de 2009. Muchas de las familias se vieron obligadas a refinanciar los anticipos. Los afectados eran en su mayoría personas de entre 30 y 40 años, parejas con hijos pequeños, así como jóvenes y personas mayores sin recursos, según la plataforma de afectados.

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