Opinión

Libertad horaria, pequeño comercio y derechos de los consumidores

03.03.2016 | 01:06
Luis Barcala

Permítanme que comience este artículo con una cita del escritor George Bernard Shaw: «La libertad supone responsabilidad y por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto». Situémonos en el 16 de diciembre del año pasado, día en el que tras la exclusión del entorno de Maisonnave de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) se impedía que los comercios de ese área pudieran abrir domingos y festivos. El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, pronunciaba las siguientes palabras: «Se trata de una medida de gran importancia para el comercio alicantino y para los miles de trabajadores que, por culpa de una decisión unilateral del PP, han pasado varios años trabajando todos los domingos, viéndose privados de su derecho de conciliación». Y, al mismo tiempo, se vanagloriaba de la medida: «Lo dijimos en campaña y hemos cumplido».

Sólo dos meses después, el viernes 19 de febrero, el mismo alcalde de la misma ciudad anunciaba la inminente liberalización del comercio en todo el término municipal. Giro copernicano y libertad horaria todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Los problemas habían desaparecido donde antes había precariedad, falta de conciliación y se cuestionaba el empleo. Y todo ello lo afirmaba sin antes haber dialogado con el pequeño comercio ni con las organizaciones empresariales, tal y como se confirmó al día siguiente, ni con sus propios socios del tripartito.
Para justificar tal «volantazo», el argumento socorrido fue la creación de empleos de un día a la semana (en gran parte los que había eliminado al cerrar Maisonnave) y unas demandas que ya existían en el momento de su prohibición del comercio en grandes superficies los domingos y festivos.

Decía Ramón de Campoamor: «La libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe». Esta frase es un buen punto de partida de cuál es la posición del Grupo Popular de Alicante en este asunto. El PP siempre ha sido partidario de una libertad comercial ordenada y justificada. En definitiva, de una continuación lógica de lo que ya iniciamos en la pasada legislatura, acompañada también de planes de impulso al comercio y partiendo del diálogo con todos los agentes sociales. Por ese motivo, a las pocas horas del anuncio de Echávarri le instamos al aplazamiento del Consejo Local de Comercio. Si el alcalde quería tirarse a la piscina sin ninguna reflexión, nosotros no estábamos dispuestos a hacerlo. Y, además, avisamos que esa piscina no tiene agua.

El planteamiento del Partido Popular es muy claro y, si tiene a bien escucharnos, se lo trasladaremos al alcalde dándole la bienvenida al club del sentido común. El Ayuntamiento tiene autonomía para delimitar la ZGAT y tener sus zonas comerciales bien definidas, pero debe hacerlo de forma consensuada para conciliar los intereses de todas las partes, y ajustándose a lo que la normativa y a lo que los informes técnicos determinen, para no caer en la arbitrariedad o en el capricho. Por tanto, lo que el alcalde debe hacer es: en primer lugar, volver a la delimitación de la ZGAT en el centro de Alicante que existía hasta el 19 de diciembre, y que es la que cumplía con el objeto verdadero de esta medida. En segundo lugar, tener en cuenta los informes existentes y encargar nuevos estudios técnicos especializados que analicen la situación y necesidades reales de apertura comercial en toda la ciudad de Alicante, y las consecuencias de ello tanto para las grandes superficies, como para el pequeño comercio. En tercer lugar, dialogar con los pequeños comerciantes para conocer cuáles son sus demandas. En cuarto lugar, elaborar un proyecto global para la ciudad de apoyo y promoción del pequeño comercio, que sirva de compensación de los posibles desequilibrios y detallar sus fases de ejecución. Y en quinto, y último lugar, con todo lo anterior hecho, presentar un proyecto de futuro con un modelo de comercio para toda la ciudad. El objetivo es claro: garantizar el crecimiento comercial equilibrado y consolidar la capitalidad comercial de Alicante.

Dar los pasos anteriores es condición ineludible para poder plantear y apoyar cualquier iniciativa que afecte al sector del comercio en nuestra ciudad. Y cumplido lo anterior, el Partido Popular apoyará el mantenimiento de la ZGAT original en el centro de Alicante. Apoyaremos una libertad horaria estacional (que incluya Semana Santa y desde antes de Hogueras hasta el fin del verano) para el resto de los núcleos comerciales en los que esas zonas satisfacen una demanda turística. Apoyaremos un programa de actuaciones, barrio a barrio, de impulso del comercio minorista satisfaciendo las demandas de este sector como compensación y equilibrio frente a las grandes superficies. Solo eso, y nada menos que todo eso, es lo que el Partido Popular apoyará y defenderá. Y nuestra posición es esa porque, al contrario de lo que anunció Echávarri un viernes de febrero y que era radicalmente opuesto a lo que anteriormente dijo un miércoles de diciembre, consideramos que es fundamental tener un modelo previo de ciudad a nivel comercial que esté justificado por datos objetivos, preservando los derechos de los consumidores y de los trabajadores de las grandes superficies y, también, velando por el pequeño comercio. Esas líneas ya marcadas por el PP siguen hoy vigentes. Si este gobierno municipal no defiende a los autónomos y a los pequeños empresarios, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Si este gobierno no quiere escuchar a los alicantinos, que son los únicos dueños del futuro de esta ciudad, el Partido Popular sí lo hará.
Ningún sentido tiene que saltemos de la restricción horaria a la apertura indiscriminada en solo dos meses, porque ninguna razón objetiva se ha puesto sobre la mesa. Ninguna ciudad importante de nuestro país aplica una liberalización horaria sin restricciones, y ello debe significar también algo.

La falta de estudio implica arbitrariedad. La falta de diálogo y consenso implica autoritarismo. La falta de modelo implica precipitación e improvisación. Y cuando arbitrariedad, autoritarismo, precipitación e improvisación se presentan simultáneamente en una propuesta, la misma está llamada al más rotundo de los fracasos. El alcalde tiene que rectificar, y de la rectificación hacer virtud y no un nuevo error.

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