Un funcionario adscrito a la Concejalía de Acción Social, dirigida por Nerea Belmonte (Guanyar), ha denunciado ante un juzgado a la jefa de servicio del área de Acción Social, Juana Sánchez Ríos, y al asesor Juan Carlos Torres Hontoria por un presunto delito «contra la libertad sindical», recogido en el artículo 315 del Código Penal: «Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años los que mediante engaño abuso de situación de necesidad impidieran o limitasen el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga».
Se da el caso, según ha tenido constancia este diario, que el denunciante -con liberación parcial en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP)- mantuvo enfrentamientos la pasada legislatura con miembros de Comisiones Obreras. Fuentes próximas a la concejalía sostienen que el funcionario ostentaba hasta la fecha un cargo de responsabilidad en Acción Social, lo que le obligó a negociar durante la pasada legislatura -con el PP en el gobierno- con representantes sindicales a raíz de algunas de las decisiones que tomó fruto de su puesto y que estuvieron marcadas por los recortes en personal a causa de la intervención del Ayuntamiento a manos del Ministerio de Hacienda. Fuentes próximas a la concejalía señalaron ayer que el funcionario nunca se significó políticamente durante su actividad profesional, aunque sí como sindicalista del SEP, pero que tuvo conocidos choques de índole profesional con CC OO -un sindicato afín a EU, marca blanca de Guanyar-, «por lo que ahora le tendrán ganas». Entre los asuntos que provocaron las disputas estaban los horarios de los conserjes de los centros sociales, uno de los «puntos calientes» ante la falta de personal. Varios cargos de Guanyar están afiliados a CC OO.
Las mismas fuentes subrayan que la jefa de servicio denunciada por el funcionario fue, antes de ostentar su actual cargo, trabajadora de un centro social, por lo que tuvo relación profesional con el sindicalista que acaba de denunciarla, junto a un asesor de Guanyar Alacant -con dedicación parcial-, por un posible delito «contra la libertad sindical».
Cronología
La denuncia a la que ha tenido acceso este diario fue presentada ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante el pasado viernes 12 de febrero. En ella, el denunciante expone las supuestas presiones a las que fue sometido por su superiora y por una persona de confianza contratada por el grupo Guanyar desde la toma de posesión de la concejala del área, Nerea Belmonte.
En el texto, el funcionario detalla que el pasado 22 de enero mantuvo una reunión con la jefa de servicio de Acción Social, en la que se le instó a completar su por entonces liberación parcial. El denunciante, sin embargo, dejó constancia de que su intención pasaba por mantener su liberación parcial (los días lunes y jueves, además de las reuniones de comisiones y órganos municipales). Tras esa reunión, según la denuncia, la jefa de servicio se presentó en la Concejalía de Recursos Humanos (en manos del PSOE), «exigiendo» al concejal [Carlos Giménez] «a gritos» que destituyeran del cargo al denunciante.
Diez días después, los dos denunciados -siempre según la denuncia- obligaron al funcionario a decidir: «O tu puesto de trabajo o tu carrera sindical». Esta conversación se recogió en una grabación que ya está en el juzgado.
Dos días más tarde, en el nuevo organigrama del área de Acción Social ya no figuraba su puesto de trabajo, al repartirse entre otros funcionarios. «Me advirtieron que eso pasaría si no cedía a sus presiones», declara el denunciante.
Desde el sindicato SEP confirmaron ayer la existencia de la denuncia, aunque no quisieron aportar más datos. Eso sí, pusieron sobre la mesa lo que consideran una «caza de brujas» en algunas concejalías con la llegada del tripartito. «Han aparecido comisarios políticos que se dedican a aconsejar que se destituyan a personas por no ser de su cuerda político-sindical, al tiempo que crean puestecitos a medida».
