Mariano Rajoy y el resto de miembros de su Gobierno finiquitaron la pasada legislatura con un nuevo castigo a la Comunidad Valenciana. El Consejo de Ministros, reunido semanas antes de las elecciones generales del 20D, certificó otro agravio a la Generalitat con el reparto de las subvenciones para reactivar el empleo en las distintas autonomías españolas. Sólo asignó 150,6 millones para tratar de recolocar a los desempleados valencianos. O, lo que es lo mismo, una media de 321,07 euros por parado, teniendo en cuenta el número de personas inscritas en el Servef al cierre del pasado mes de enero. En 2011, por el contrario, la asignación total fue de 305 millones. A lo largo de la legislatura, por ende, el tijeretazo supera el 50%.
La cifra de 2016 es la más baja de toda España y se sitúa muy lejos de la de Galicia, la comunidad más beneficiada en la distribución de fondos. La Xunta, a diferencia del Consell, ingresará una media de 497,16 euros por desempleado. Es decir, 178 más. El agravio a la Comunidad se aprecia además en la comparativa de los fondos destinados al conjunto de España. Ahí el Ejecutivo de Ximo Puig se sitúa casi 18 puntos por debajo de la media estatal.
El castigo, sin embargo, no obedece únicamente a una decisión arbitraria de Madrid. ¿Por qué? Cuando el Gobierno analiza el dinero que reparte entre las comunidades pone encima de la mesa dos variables. La primera, la tasa de paro de las distintas regiones españolas. El 40% del dinero que finalmente se travasa depende de ella. Y la segunda, el cumplimiento de objetivos de los gobiernos autonómicos. El Ejecutivo central tiene en cuenta el nivel de ejecución de las partidas de empleo, las ayudas en materia de orientación laboral, el fomento del emprendimiento o el número de expedientes sancionadores por desempleados que dejan de realizar la visita a las oficinas del Servef, entre otros aspectos. De ahí sale el 60% restante.
Es decir, la Comunidad recibirá en 2016 menos dinero por parado que la media debido, en gran parte, a la lentitud del anterior Consell del PP a la hora de conceder las subvenciones.
El PSPV, sin embargo, no se ha quedado de brazos cruzados y ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para que el Gobierno rectifique. «La rebaja de fondos ha resultado especialmente agresiva en la Comunidad Valenciana, que a lo largo de la última legislatura ha experimentado un recorte de recursos superior a la media, y se ha situado todos los años a la cola en cuanto al volumen de dinero transferido por desempleado», reza el documento que los socialistas ya han presentado en la Cámara Baja. El escrito lo firman siete parlamentarios socialistas: Julián López, Herick Campos, María Such, Artemi Rallo, Ana Botella, Patricia Blanquer y José Luis Ábalos. En él censuran el tijeretazo del 50% de la última legislatura y ensalzan la importancia de incrementar los fondos para reducir las listas del desempleo en la Comunidad. «El recorte de fondos ha impedido desarrollar políticas que permitirían acometer el proceso de recualificación y formación que necesitan muchos de nuestros trabajadores y trabajadoras, tanto para las personas ocupadas como para las desocupadas: tenemos casi 3 millones de trabajadores en desempleo con un nivel de estudios tan bajo que necesitarán formarse y reciclarse profesionalmente como única forma de tener esperanza de encontrar un trabajo», añaden.
Por todo ello instan al Gobierno a incrementar la partida destinada a la Comunidad con el objetivo de equipararla, al menos, con la media del conjunto de autonomías españolas.
