Las empresas que gestionan el modelo sanitario de colaboración público-privada no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados ante la ofensiva de la Conselleria de Sanidad que amenaza su cuenta de resultados. El avance realizado por parte del departamento que dirige Carmen Montón respecto al cierre de liquidaciones pendientes, algunas de hace siete años, y que empieza a arrojar saldos favorables a la Generalitat, ha obligado a las empresas concesionarias, mayoritariamente Ribera Salud, a buscar resquicios legales con los que plantar cara a la conselleria.
Uno de ellos aparece en las facturas sanitarias en los cajones, un gasto que el Consell del PP en época de Camps ocultó y que ha acabado con una multa de 18,9 millones por parte de la UE a España por falsear cuentas. Según ha sabido este periódico, las empresas concesionarias de Sanidad, que gestionan los departamentos de la Ribera, Vinalopó, la Marina, Torrevieja y Manises, ultiman una reclamación contra el Consell por la ocultación del gasto sanitario. Ayer mismo, representantes de Ribera Salud y del resto de empresas adjudicatarias mantuvieron un encuentro, con presencia de abogados, para definir una estrategia con la que reclamar al Consell entre 60 y cien millones de euros. La petición va a presentarse una vez existe la certeza, con el pago de la multa por parte del Estado, de que el falseamiento existió.
La base legal para esa reclamación se encuentra en los propios contratos de concesión que el miércoles la Conselleria de Sanidad difundió en el portal de transparencia de la Generalitat y que han quedado al alcance de la ciudadanía por primera vez desde que entró en vigor el modelo Alzira hace 17 años.
Base legal para la reclamación
En ese documento figura una cláusula de actualización de la prima per cápita que abre la vía legal a la reclamación. La cápita -el dinero que el Consell paga a las empresas por cada habitante al que atienden- es el principal canal de financiación de las concesiones sanitarias. Y esa cápita vincula su posible aumento anual a los presupuestos de la Generalitat. A más presupuesto, más cápita y, por tanto, más ingresos.
Y como ha quedado demostrado que el anterior Consell del PP ocultó facturas y dejó de incluir en los presupuestos una cantidad cercana a los dos mil millones hasta que afloraron para poder acceder a las ayudas al pago de proveedores, el presupuesto no era real. Ahora, las adjudicatarias entienden que tienen derecho a un resarcimiento ya que el presupuesto del Consell debió ser mayor y los contratos de concesión incluyen una fórmula de actualización de la cápita que toma como base el importe del presupuesto de la Generalitat Valenciana.
