Los nuevos ayuntamientos que quieren recuperar la gestión de servicios públicos, como es el caso de Alicante, se están encontrando con numerosas trabas, sobre todo por el aumento de los costes de personal y los problemas de reorganización de servicios que supondrá el rescate de contratas . Así se puso de manifiesto en el debate sobre gestión de los servicios públicos municipales celebrado ayer en el Club INFORMACIÓN, organizado por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC).
Desde que pactó, el tripartito que gobierna Alicante ha intentado municipalizar contratas en manos del empresario Enrique Ortiz, como la de limpieza de colegios y dependencias municipales y la de cementerio. «Se están viendo las distintas posibilidades, si se vuelven a sacar a concurso o directamente pasan a ser de gestión pública», explicó en el Club el edil de Limpieza y Medio Ambiente, Victor Domínguez, quien se extendió más en la contrata que su área prevé recuperar para julio: la de mantenimiento de parques y jardines, que, según dijo, supondrá un ahorro de 300.000 euros al año para las arcas municipales.
«El rescate va por buen camino pero faltan los informes del Ministerio de Hacienda al estar intervenido el Ayuntamiento. Luego están los problemas de plantilla que puede suponer porque una administración pública no puede hacer contratos a tiempo parcial, y esto es un contratiempo importante». Pese a todas estas trabas, defiende la municipalización «porque la gestión directa permite un ahorro económico y no deja aliciente para la corrupción».
A la falta de control de la gestión privada por parte de la administración pública se refirió el síndic de Comptes, Antonio Mira Perceval, que lo ve como el gran problema de las contratas.
Aunque es defensor de lo público y recordó que siendo presidente de la Diputación se creó Suma Gestión Tributaria, piensa que «no todas las administraciones públicas tienen que ser eficientes. Hay que analizar cada caso». El responsable de la Sindicatura de Cuentas recomienda a los ayuntamientos estudiar las trabas financieras de los rescates de servicios y los desaconseja si requieren grandes inversiones, por ejemplo, en maquinaria. En la misma línea, indicó que para la Administración tener programas de contabilidad propios es carísimo y es mejor recurrir al mercado. Sin embargo, recordó que el servicio de resonancias es mucho más rentable, tal y como ha concluido la Sindicatura, en los hospitales públicos frente a los privados. Por ello, considera que no hay que ser excesivamente drástico a favor de los servicios públicos o de los privados sino buscar el equilibrio.
A la corrupción y los abusos que están sacando a la luz policías, guardias civiles, administrativos y otros empleados públicos se refirió también Bernat Asensi, secretario de Relaciones Institucionales de CC OO del País Valenciano, quien opina que son consecuencia de la oleada de privatizaciones que se inició en España hace más de 20 años.
Asensi recordó la defensa que su sindicato hizo entonces de los derechos de trabajadores afectados, mediante convenios colectivos. Aunque se mostró partidario de la gestión pública y da por hecho que ningún ayuntamiento jugará a la ligera con las plantillas que se municipalicen, estarán vigilantes. «Exigiremos que se mantengan las condiciones laborales y que no se penalice a las plantillas. Si los trabajadores de la limpieza pasan a depender de los ayuntamientos de forma directa y tienen que pasar por una oposición me veo a muchos en la calle». Considera que se pueden buscar otras fórmulas, y puso como ejemplo la empresa mixta Aguas de Alicante. «Es un tema de gran complejidad. Hablamos de dinero público».
Albaladejo y la gestión indirecta
Aguas de Alicante salió de nuevo en el debate, que fue moderado por la jefa de sección de Local de INFORMACIÓN Isabel Vicente, cuando intervino el ingeniero y responsable técnico de los servicios de agua de Acciona Arturo Albaladejo. Con datos en la mano, explicó que en España la gestión del servicio de agua se realiza de forma directa por los ayuntamientos en un 47% de los municipios y de forma indirecta en el 53%. El dato es mucho más clarificador en el arco mediterráneo, y en el caso de la provincia de Alicante alcanza el 92% de los municipios. En Murcia sólo hay dos poblaciones, Totana y Aledo, donde el agua es gestionada por los ayuntamientos. «Ocurre en un elevado porcentaje de municipios también con la recogida de sólidos urbanos, la limpieza viaria o el transporte público».
El ingeniero repasó las distintas fórmulas de explotación que la legislación permite para optimizar los servicios públicos, como concesión, gestión interesada, concierto o empresa mixta. «Hay que obtener el menor precio posible de forma sostenible para permitir el equilibrio financiero a largo plazo».
