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Tres de cada cuatro ayuntamientos de la provincia incumplen la Ley de Transparencia

La normativa contempla la destitución de los cargos públicos que se nieguen a facilitar información

La transparencia brilla por su ausencia. Tres de cada cuatro ayuntamientos de la provincia incumplen a día de hoy la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadanade la Comunidad Valenciana, impulsada por la Generalitat y en vigor desde el pasado 9 de octubre. Hoy, cuatro meses después de que la norma fuese de obligado cumplimiento, sólo 40 de los 141 consistorios alicantinos puede presumir de respetarla. El resto, por ahora, la han obviado.

La ley recoge seis objetivos básicos. El primero, proveer todo lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y claros. El segundo, hacer transparente la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los sujetos obligados. El tercero, favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan evaluar el desarrollo de los sujetos obligados. El cuarto, mejorar la organización, clasificación y manejo de la información pública. El quinto, garantizar que el ejercicio del gobierno se realice con sujeción a principios éticos y en garantía del servicio público. Y el sexto, promover la participación ciudadana en los asuntos públicos, tal y como consta en la propia norma.

Pues bien, la inmensa mayoría de ayuntamientos la incumplen. Según los datos recabados por este diario, de las localidades de más de 20.000 habitantes todavía deben facilitar esa información Altea, Alcoy, La Nucía, Torrevieja, San Vicente del Raspeig, Pilar de la Horadada, El Campello, Ibi, La Vila Joiosa, Santa Pola y Villena.

Pero, ¿qué supone saltarse la norma? De momento, nada. Hasta que la Generalitat no proceda a su desarrollo reglamentario y ponga en marcha de manera completa el consejo autonómico de transparencia, no se podrá sancionar a las entidades locales incumplidoras. Ahora bien, cuando se den esas dos premisas, la normativa contempla medidas disciplinarias de calibre para los cargos públicos que se nieguen a facilitar la información. Incluso el cese en el cargo. Eso sí, como último extremo.

Consciente de las dificultades con las que se podía topar un elevado número de entidades locales alicantinas para volcar toda la información en sus respectivas páginas web, la Diputación de Alicante quiso echarles un capote. El vicepresidente quinto y diputado de Buen Gobierno, Adrián Ballester, remitió dos misivas a los alcaldes alicantinos informándoles de la posibilidad de adherirse a una plataforma del Gobierno central a la que se pueden incorporar los datos que exige la ley. Además, les recordó que la propia institución provincial, dentro del Plan Moderniza 7.0, les ofrece las sedes electrónicas necesarias para cumplir con sus obligaciones. Algunos ayuntamientos hicieron oídos sordos a la invitación. Muchos otros, sin embargo, la aceptaron. Ni más ni menos que 110. Eso sí, la mayoría se quedaron ahí y apenas han actualizado sus portales de transparencia. «El procedimiento es muy sencillo: mediante un sistema con las carpetas de los contenidos exigidos, solamente se tiene que poner la información y poner un link a la parte de la web municipal donde aparece», explica el también primer teniente de alcalde de Redován.

Y añade: «A partir de ahora, los ciudadanos tendrán derecho a la información de cualquier expediente de la administración, siempre con los límites de la protección de datos personales de las personas físicas. Por lo tanto, ya se puede pedir copia de un expediente de un contrato del ayuntamiento o preguntar cuánto se han gastado en las fiestas patronales. Y si la administración no responde, se puede poner en conocimiento del Consejo Autonómico de Transparencia para que la solicite».

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