Los sobrecostes multimillonarios que han salido a la luz pública por los escándalos de Acuamed, la empresa creada para la construcción de las polémicas desaladoras y, entre otras obras hidráulicas, el trasvase Júcar-Vinalopó, y de Ciegsa, la mercantil pública autonómica que creó el PP para hacer colegios, han devuelto a la actualidad una práctica habitual en las contratas de la Administración que, en muchas ocasiones, suelen derivar en casos de corrupción, bien para el enriquecimiento de licitadores y gestores, bien para financiar ilegalmente a los partidos y en especial, dado sus años de gobierno con mayoría absoluta, el PP. En la provincia de Alicante y atendiendo sólo a las grandes obras públicas, actuaciones con un presupuesto inicial de 2.133 millones de euros acabaron costando más de 2.902 millones: un sobrecoste de 769 millones.
De entrada, la palabra sobrecoste no tiene por qué significar directamente una «mordida», o el haber hinchado el precio de la obras con el objetivo del enriquecimiento ilícito, pero en muchos casos termina siendo así y entre la licitación, la adjudicación y el final de la obra aparecen aumentos multimillonarios que nunca terminan de justificarse, sobre todo en las empresas públicas -casos de Acuamed o Ciegsa- cuyos consejos de administración están formados por cargos elegidos a dedo por el partido en el poder, sin conocimiento de la materia que tocan y que, a su vez, contratan a otros tantos técnicos (asesores) que en la mayoría de los casos no son funcionarios y deciden en función de los intereses de cada cual, sobre todo en los famosos modificados.
Una palabra que define los cambios que se van produciendo en los proyectos, bien porque son necesarios y los pide la constructora a la hora de realizar un trabajo (los cálculos se hicieron mal, la obra se paró por un contratiempo inesperado o porque no hay un euro como sucedió con el AVE de Alicante y, en concreto, la entrada en superficie), o por requerimiento de la propia Administración siendo ahí donde suelen aparecer la corruptelas.
Otros sobrecostes son ya los surrealistas, como el que se ha conocido en el caso Acuamed. Con parte del dinero para construir obras hidráulicas, su director general, Arcadio Mateo, se iba, supuestamente, a Turquía a ponerse implantes capilares. Para nota. El trabajo está ahora en el tejado de los jueces pero es complicado, según apuntan expertos en obra pública. Justificar que se necesitan mil metros más de bordillo y calcular los costes es fácil pero quién puede asegurar a ciencia cierta, por ejemplo, lo que se pagó por la fuente de la rotonda de los Jesuitas que no estaba en el proyecto original para remodelar la avenida de Dénia en Alicante, se preguntaban esta semana técnicos consultados por este periódico, conocedores del funcionamiento de las licitaciones públicas, que quisieron guardar el anonimato.
Más de mil millones de euros en sobrecostes y 200 colegios menos. Un convenio irregular desde el principio y una gestión que ha supuesto una presunta estafa institucionalizada que ha generado el mayor expolio de recursos públicos de la Generalitat Valenciana. Este es el escenario que hace un par de semanas dibujó el Consell para explicar el escándalo de la empresa pública que creó el PP cuando gobernaba en Valencia para, supuestamente, acabar con los barracones escolares en la Comunidad. Según el informe que han llevado Fiscalía el proceso estuvo viciado desde el principio, ya que el convenio de colaboración entre la Conselleria y Ciegsa era irregular y no se tramitó conforme a ley. Además, no existía control alguno por parte de la Administración, se abusó de forma reiterada del procedimiento negociado y sin publicidad, e incluso se facturaron otro tipo de servicios no regulados en el convenio, según el Consell. Entre los ejercicios 2001 y 2013, Ciegsa concertó operaciones de crédito por valor de 2.599,18 millones, de los que 1.904 corresponden a préstamos y 694 a la contratación de pólizas de crédito. Había directivos que cobraban 84.500 euros, y trabajadores con 55.914 euros al año. Muchos ni siquiera iban a trabajar.
Y en el tema del agua, tres cuartas partes de lo mismo. En obras hidráulicas como la desaladora de Torrevieja y el trasvase Júcar-Vinalopó, infraestructuras que comenzó el PSOE y acabó el PP. Sorprende que el Gobierno del PP no hiciera una auditoría económica, técnica y ambiental de todas las desaladoras del Programa AGUA, más aún cuando en todas ellas se han enterrado unos 2.200 millones de euros de fondos públicos, en la etapa del Gobierno anterior, del PSOE y del PP. Para justificar la inversión pública de fondos estatales y europeos, el gobierno anterior, el del PSOE, había elaborado los llamados informes de viabilidad económica, que eran documentos carentes de todo rigor técnico, en los cuales se presuponía que las desaladoras producirían agua 365 días y 24 horas al día. Con este escenario de explotación, todos los cálculos de costes económicos, estaban infravalorados. Y en la actualidad, para alcanzar costes de producción, que no superen los 0,70 ?/m3, las desaladoras no pueden operar a más del 40 % de su capacidad de producción. Y el Gobierno del PP, lejos de corregir estos graves errores lo que ha hizo fue asumirlos, y lo que es más grave, sin aportar ninguna solución a los problemas de agua de Alicante, y por si faltaba poco con la lacra de la corrupción, que pesa como sospecha sobre todas las obras públicas acometidas durante la última década.
El Tribunal de Cuentas también fiscalizará este año, a petición de las Cortes, los principales contratos celebrados por el gestor ferroviario Adif en la construcción de la línea de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana -concretamente los tramos de Torrejón de Velasco a Motilla del Palancar y de Albacete a Alicante- y desde Barcelona hasta la frontera francesa. El coste del AVE entre Albacete y Alicante alcanzó los 1.920 millones de euros. Entre las adjudicaciones destacaron, por ejemplo, los 280 millones de euros para la instalación de los sistemas de seguridad. El otro tramo investigado, Torrejón de Velasco-Motilla del Palancar alcanzó los mil millones.
Torrevieja, todo para una
En la provincia hay casos para todos los gustos. El Auditorio y Conservatorio Internacional de Torrevieja se presupuestó a finales de la década pasada en unos 36 millones de euros. Las cifras se fueron elevando hasta rebasar los cuarenta millones. Los últimos datos sobre su coste real a cuenta del presupuesto de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Generalitat supera los 50 millones. El complejo construido sobre una parcela municipal cedida de 100.000 m2 y que alberga un auditorio y un conservatorio está infrautilizado desde su inauguración para las elecciones municipales y autonómicas de 2011. En concreto, el conservatorio no se ha llegado a estrenar. El auditorio es utilizado una decena de ocasiones al año por el Ayuntamiento de Torrevieja, que debe asumir un costoso mantenimiento por cada acto que programa y solicitar permiso de cesión a la Generalitat, que no ha llegado a emplear el escenario para ningún propio. La obra fue adjudicada a una UTE liderada por Acciona.
Otro ejemplo claro de sobrecoste en obras fue la construcción del Teatro Municipal. Se presupuestó en seis millones de euros y se pagaron más de nueve. El juzgado ha archivado una denuncia presentada en su día por estas supuestas irregularidades, en una decisión recurrida por el Ayuntamiento, gobernado desde mayo de 2015 por los grupos denunciaron el sobrecoste. El PP, promotor de las obras, aseguró que ese importe está justificado por los técnicos, quienes informaron que no se podía establecer cual fue la inversión real en la obra porque solo cuatro millones de los nueve invertidos fueron supervisados y firmados con las certificaciones que emitió la empresa adjudicataria, Acciona. El resto del gasto no fue supervisado. El actual gobierno clausuró en septiembre de 2015 las dependencias con el argumento de que la Generalitat nunca llegó a dar licencia de apertura al recinto por graves carencias de seguridad que, lo más probable, exigirán nuevas obras.
También se terminaron con sobrecostes superiores al 20% al precio de licitación de adjudicación las obras del Colegio Virgen del Rosario, Instituto Libertas y la ampliación del IES Las Lagunas, terminados a finales de los noventa y que, a día de hoy, más de dos décadas después, no han sido recepcionados por la Generalitat Valenciana porque ni la adjudicataria Acciona, ni el Ayuntamiento ni la Generalitat asumen la responsabilidad de abordar las deficiencias con las que se entregaron las obras.
Hace una semana, el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcoy acogía las declaraciones en torno a eventuales sobrecostes, con el empresario Enrique Ortiz como protagonista de fondo. El asunto en cuestión, las obras del Teatro Calderón de Alcoy, que empezaron en 1,6 millones y acabaron costando 12; lo que ocurre es que, de un saneamiento y mejora de un edificio antiguo se acabó en un teatro nuevo. Todo esto fue obra del gobierno del PP de Miguel Peralta y Jorge Sedano, pero el continuador de Antonio Francés, del PSOE, encargó una auditoría sobre un pago final de 2,3 millones, que acabó cuestionando 1,2 millones que entendía se habían pagado de más.
Los tribunales fallaron que casi todo había prescrito, pero ahora el juzgado investiga qué pasó con las certificaciones por valor de 164.000 euros que se pagaron y que se entiende no se habían ejecutado, por lo que investiga falsedad documental y supuesta estafa. La concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, indica que el escrito de la Fiscalía ya apuntaba «sin perjuicio de lo que pueda salir de más» a consecuencia de las investigaciones.
En la Foia de Castalla, los mayores problemas de sobrecostes, sin embargo, se registran en Ibi y con la empresa Intersa Levante como principal involucrada. Los juzgados de Ibi tienen en curso una veintena de casos por presunta corrupción municipal y administrativa que, incluyen tres grandes obras ejecutadas por Intersa: el Teatro Río, la piscina cubierta y el Palacio de Justicia. El portavoz de ADIi, Nicolás Martínez, aseguró en su día que estas obras «duplicaron su coste», llegando a alcanzar los 15 millones de euros en conjunto. Políticos, técnicos y empresarios están imputados e investigados, sobre todo en una causa general que lleva desde 2010 y que ya motivó la dimisión e imputación del primer teniente de alcalde Miguel Ángel Agüera.
El Palacio de Justicia de Alcoy también disparó su coste, aumentando de 1,2 a 3,5 millones por la necesidad final de construir un nuevo edificio. En este caso, las denuncias de la oposición se centraron en que el Ayuntamiento asumiera la financiación, que aún no ha logrado recuperar de la Generalitat Valenciana. Lo mismo le ocurre a Ibi, que también adelantó los 2 millones que ha costado su nueva sede judicial.
La piscina cubierta de Villena
La piscina municipal cubierta costó al Ayuntamiento de Villena 600.000 euros más de lo proyectado- 4.488.000 euros- motivado por un desfase de obra, debido a en la cimentación del edificio, movimientos de tierra, mejoras en el techo- ubicación de escayola-, así como ampliación del vaso de la piscina. Las obras comenzaron en mayo de 2010 con el gobierno de la popular Celia Lledó y concluyeron en 2011, pero las instalaciones estuvieron paralizadas durante un año, hasta que en marzo de 2012 abrió sus puertas después de meses de litigio municipal, ya que el nuevo equipo de gobierno formado por Verdes, PSOE y VCD, consideraba que el Ayuntamiento debía asumir el desfase de obra, mientras que el PP incidía en que era la empresa constructora la que debía pagar el sobrecoste. La construcción se incluyó en el Plan de Instalaciones Deportivas 2007-2012 con un presupuesto de 4.488.000 euros, subvencionado por Generalitat, Diputación y Ayuntamiento- y otra parte, por iniciativa privada.
Estación de autobuses de oro
En Benidorm también se han pagado diferentes sobrecostes para grandes obras impulsada por la administración local. Por ejemplo, por el nuevo Ayuntamiento se abonó 21.571.301,43 euros, un 96,65% más de lo que se adjudicó: 10.969.510,66 euros. Las razones fueron diferentes modificados que se realizaron durante su construcción (julio de 2001 y diciembre de 2002).
Otras obras emblemáticas y relativamente recientes como el Palau d'Esports de l'Illa (se inauguró en 2005) también duplicaron su precio de salida: de 9.328.888,39 euros a 22.054.832,97 (un 136% más). Entre otras cosas, porque cuando se inició no se valoró la pista de trinquet que luego se construirá al lado.
La estación de autobuses, abierta en 2006, es en la que más se amplió su precio con respecto al proyecto primigenio: de 5.884.99,75 euros a 41.573.803,76 euros. Esta obra la pagó el empresario alicantino Enrique Ortiz a cambio de la concesión. El objetivo de los nuevos gobernantes es volver a sacar a concurso esta adjudicación, para lo que el constructor tiene que legalizar el exceso de edificabilidad que realizó cuando levantó la estación, su superficie comercial y el hotel que tiene anexo.
Existen otras obras que no están acabadas que también parece que van a tener sobrecostes. Por ejemplo, las obras de reforma y ampliación en el IES Pere Maria Orts llevan paralizadas cinco años, lo que está provocando que la Generalitat se tenga que hacer cargo del alquiler de los 22 módulos donde los alumnos se ven obligados a dar las clases. En total, en estos cinco cursos, ya ha tenido que abonar 594.340 euros.
El Centro Cultural de Benidorm también está frenado, en parte, por un asunto de sobrecostes. La UTE que recibió la adjudicación (Dragados y Rover Alcisa) solicitaron un modificado para incrementar su precio final, que supondría, según reseñó la Generalitat en su momento, que el precio de licitación (algo más de 42 millones) se viera incrementado entre un 10 y un 20%.
En Elche el mayor sobrecoste que se recuerda fue el destinado a acabar el Centro de Cultura Contemporánea l'Escorxador en el año 2008. En un principio estaba previsto invertir 2,3 millones de euros en la conversión del antiguo matadero en un centro cultural. No obstante, el proyecto costó, finalmente, 3,3 millones de euros, un millón más de lo presupuestado. El incremento, gestado en la época en la que gobernaban PSOE y Compromís, se atribuyó a la mejora de las instalaciones. Mejoras que muchas veces salen a precio de oro.
