El Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunidad ha solicitado al Ministerio de Sanidad que se pronuncie sobre la legalidad de las subvenciones que la Conselleria de Sanidad está aplicando para suprimir el copago a los pensionistas con rentas más bajas. El secretario de esta agrupación, Miguel Ramón Mancebo, señaló ayer que existen dudas, «ya que las competencias en esta materia las tiene el Gobierno central y la ley establece claramente que estamos obligados a cobrar la aportación farmacéutica en el momento de dispensar el medicamento, algo que ahora no estamos haciendo». Mancebo cree que si se incumple la ley, «los farmacéuticos nos exponemos a sanciones importantes». P. A.
