El recrudecimiento de las tensiones con Guanyar y el estallido de los sindicatos ha forzado al alcalde, Gabriel Echávarri, a dar marcha atrás en su planteamiento de no devolver la paga extra de 2012 a los funcionarios para ajustar el presupuesto de este año a las exigencias del Ministerio de Hacienda.
Ante las amenazas de los sindicatos de ir a los tribunales y las acusaciones de Guanyar de actuar de manera «unilateral», la edil de Hacienda, Sofía Morales, convocó ayer una reunión urgente con sus socios de gobierno y sindicatos en un intento de reconducir el conflicto y rebajar tensiones. La edil admitió, tras el encuentro, que en la reunión se acordó «la búsqueda de alternativas» al planteamiento socialista de suprimir la devolución de la paga.
Para ello, se ha emplazado a los sindicatos a que aporten propuestas sobre cómo aplicar el recorte de cuatro millones en los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento que exige el Ministerio de Hacienda. De manera paralela, desde la concejalía aseguraron en un comunicado haber contactado ayer con el ministerio en funciones (del PP) y que «se ha comprometido, a través de una comunicación verbal con técnicos» municipales a mostrar «flexibilidad en su decisión de obligar al Ayuntamiento a recortar un 2% el presupuesto». Aseguran que se han pedido «nuevos datos» al Ayuntamiento «que permitan revisar su postura inicial». Una puerta abierta a la que se encomienda el tripartito antes de decidir cualquier ajuste. El equipo de gobierno también tiene los ojos puestos en un posible cambio progresista en el Gobierno nacional que relaje las condiciones impuestas al presupuesto municipal de 2016.
Hoy por hoy, esos reparos obligan a reducir en cuatro millones de euros los gastos en personal y corrientes. Morales abrió la caja de los truenos cuando el martes en una rueda de prensa en la que advirtió previamente que no participaría si en ella estaba el vicealcalde de Guanyar, Miguel Ángel Pavón aseguró con determinación que los ajustes del Gobierno les abocarían a eliminar la devolución de la extra (dos millones de euros) y a reducir el gasto no comprometido de las concejalías en otros dos millones. Una posibilidad que ya el alcalde planteó el sábado en un comunicado. La propuesta no había sido consultada antes con sus socios de gobierno y los reproches no tardaron en llegar. Pavón acusó a sus socios de gobierno del PSOE de actuar de manera «unilateral» en la gestión económica y avanzó que no apoyaría la propuesta de los socialistas.
Ante la amenaza de no poder sacar adelante el presupuesto de 2016 por falta de acuerdo entre los socios de gobierno y el malestar entre los funcionarios, que advirtieron de que se movilizarían e irían a los tribunales, los socialistas se vieron forzados a convocar a primera hora de ayer una reunión con todos ellos. El pulso, en esta ocasión, lo gana Guanyar. A la salida del encuentro, Pavón aseguró que la situación «se está reconduciendo» por la posición de los socialistas de «reconsiderar» su propuesta, de abrir la puerta a otras «alternativas» contando para ello con lo que propongan los sindicatos y del compromiso de que haya un acuerdo dentro del tripartito. Motivo por el que Pavón asegura que «no contempla» que el recorte en la devolución de la extra se acometa.
Con todo, Pavón se mostró confiado en que el ministerio rebaje sus exigencias de recortes que calificó de «obscenos» y reiteró que, en caso de tener que acometerlos, hay alternativas. Sobre la mesa puso sus propuestas de subir el IAE a las empresas que facturan más de un millón de euros, de aplazar la devolución de la deuda bancaria para reducir el importe que cada año se destina a pagarla o reclamar al Gobierno una compensación por no cobrarle el IBI a la Iglesia. Pavón aseguró que sus socios de gobierno, del PSOE y Compromís, aceptan llevarlas a cabo o, en el caso del IBI, se están estudiando. No obstante, el propio Pavón admite que llevarían tiempo por la modificación de la ordenanza del IAE, que no entraría en vigor hasta 2017, o de revisar el plan de ajuste para ampliar el plazo de amortización de la deuda bancaria. Fuentes del PSOE apuntan, además, que estas medidas, aunque aumentarían los ingresos o liberarían efectivo no dan respuesta a las exigencias del ministerio de recortar en los capítulos de gasto de personal y gasto corriente. Pavón, no obstante, incide en que hay otras alternativas sin afectar a la extra de los funcionarios.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien no entró en valoraciones tras la comparecencia en la que Morales realizó su propuesta, sí aseguró ayer que la postura de su grupo es la de no suprimir la extra de 2012 y que la decisión que se adopte «por parte del equipo de gobierno» debe ser «la menos gravosa». Bellido aseguró, igualmente, que «lo primero» es negociar con el ministerio para que dé marcha atrás en los recortes.
