El Ayuntamiento de Alicante tiene un agujero de 70 millones de euros en impuestos de difícil o casi imposible cobro por la antigüedad de la deuda, que se arrastra en algunos casos desde mediados de la década de los 80, según revela el informe realizado por la Universidad Miguel Hernández por encargo del alcalde.
El análisis de las cuentas municipales entre 2011 y 2015 y la comparativa realizada por los profesionales con ayuntamientos similares al alicantino demuestra que la gestión del cobro de impuestos en Alicante no ha sido lo eficiente que debería.
Los derechos de dudoso cobro reconocidos por el propio Ayuntamiento se situaron en el último período de gobierno del PP en el 64,2% de lo gestionado. En el mismo período, el resto de los ayuntamientos estudiados Málaga, Vigo, Gijón, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria obtuvieron un promedio del 35,5% de impuestos de difícil cobro, prácticamente la mitad que en Alicante.
Para los autores del trabajo, el pendiente de cobro del Ayuntamiento alicantino es seguramente incobrable en muchos casos, considerando que su inclusión en los balances del presupuesto distorsiona la información contable y afecta a la posición financiera global.
En las recomendaciones de la UMH al Ayuntamiento figura la conveniencia de realizar un informe de fiscalización externo por parte de la Sindicatura de Cuentas, conjuntamente con la Intervención municipal, para depurar los derechos de difícil cobro, realizando las pruebas propias de las auditorías. Los profesionales aconsejan reforzar la labor de control interno y de gestión.
Tras la publicación ayer del informe por INFORMACIÓN, el portavoz del PP, Luis Barcala, se ponía a disposición del alcalde para «ayudar» y pedía una reunión urgente de la Junta de Portavoces. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Luis Cifuentes, cree que los partidos políticos (por PSOE y PP) tienen en el agujero de incobrables una «responsabilidad subsidiaria. Es muchísimo dinero».
