Los nuevos ajustes que impone el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Alicante entre sus condiciones para aprobar el presupuesto de 2016 obligarán a dejar de pagar a los funcionarios los dos millones de euros que se les adeuda de la paga extra de 2012 y a recortar otros dos millones en servicios básicos. O eso, o el tijeretazo de cuatro millones reduciría a la mitad el gasto que las concejalías no tienen comprometido en los contratos, lo que las dejaría sin margen de maniobra en su gestión. Un reajuste que retrasaría aún más la aprobación de los presupuestos municipales.
Ante esa situación, desde el tripartito se plantean agotar las vías de negociación con el Ministerio de Hacienda en funciones (PP) para que relaje los ajustes o, en caso contrario, confían en que se produzca un cambio de signo en el Gobierno estatal, con el socialista Pedro Sánchez a la cabeza, que redunde en una mayor permisividad que evite recortar el presupuesto municipal presentado por la edil del PSOE Sofía Morales. El propio alcalde, Gabriel Echávarri, ve «intencionalidad» política del PP en «tumbar» los presupuestos de Alicante y Morales se plantea llevar esas «negociaciones» sobre el presupuesto a escala «política» y no sólo técnica.
Como avanzó este diario, el informe del Ministerio de Hacienda a los presupuestos municipales de 2016 trámite indispensable como consecuencia de la intervención del Ayuntamiento pone numerosos reparos y obliga a reducir en un 2% los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento. Es decir, recortar en casi 4 millones el gasto corriente y en personal. ¿Cómo? La edil de Hacienda explica que se plantean eliminar los dos millones que se comprometieron a pagar a los funcionarios para abonarles parte de la extra que se les retiró en 2012. Explica que de los 87 millones de euros presupuestados para gasto corriente, algo más de 78 están comprometidos para poder cumplir con los contratos. Es decir, que el recorte de entre dos y cuatro millones, dependiendo de si eliminan el pago de la extra repercutiría en los algo más de ocho millones que hay liberados en las concejalías para desarrollar su gestión. Algo que dejaría a las áreas municipales sin margen de maniobra.
«Habría concejalías que tendrían que cerrar», advierte Morales, quien sostiene que no les queda otra que «protestar» ante el Gobierno en funciones para que relaje sus reparos al presupuesto municipal de 2016. Aunque no dio detalles, incidió en que habría concejalías que se verían abocadas «a desaparecer». Según Morales «no nos negamos» a recortar, sino que «no podemos». De ahí su intención de negociar con el ministerio para que elimine este ajuste que, asegura, les llevaría «al menos mes y medio más el mismo tiempo que se ha dado Pedro Sánchez para negociar un nuevo Gobierno en el país para poder aprobar las cuentas», con el consiguiente retraso para realizar inversiones y pagar la ayuda para los libros de texto.
Sobre otro de los condicionantes que exige el Ministerio de Hacienda, el de depurar mediante un acuerdo de pleno la correcta consignación de los recibos de difícil o imposible cobro en los balances municipales, desde el ayuntamiento rechazan hacerlo. Morales defiende la gestión municipal de los recibos incobrados y asegura que se aplica una directriz «más restrictiva» que la que exige el ministerio con base en la Ley de Haciendas Locales.
La exigencia del ministerio coincide con las apreciaciones realizadas por el informe económico y financiero encargado por el Ayuntamiento a la Universidad Miguel Hernández. En él se advierte de del elevado volumen de recibos sin cobrar al cerrar el año: más de 70 millones de euros. Los expertos destacan la dificultad de cobro de buena parte de los mismos, teniendo en cuenta que tienen una antigüedad media superior a los tres años y que algunas datan de los años ochenta.
Con todo, desde la Concejalía de Hacienda defienden la gestión que se realiza de los recibos incobrados y que, difícilmente, se cobrarán. Esgrimen que para cuantificar los ingresos de 2016 se ha tenido en cuenta lo recaudado el año anterior, más 25 millones de euros, que es lo que estiman que se recauda con posterioridad al cierre del ejercicio. Un argumento bajo el que rechazan la petición de Montoro de ajustar los cálculos a los parámetros de la Ley de Haciendas Locales.
