El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, exigió ayer al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, que «deje de castigar a los alicantinos», en alusión a la devolución de los presupuestos municipales por parte del Ministerio y la obligación de reducir un 2% los gastos corrientes y de personal. El alcalde calificó de «arbitraria» la decisión del Gobierno, y lamentó que, de llevarse a cabo, «supondría un duro castigo para la ciudadanía», dado que se tendrían que aplicar rebajas en «servicios básicos como la limpieza, el mantenimiento de zonas verdes o no abonar la paga extra de 2012 a los funcionarios».
El Ministerio de Hacienda ha condicionado el visto bueno a los presupuestos municipales de 2016 a que se eliminen del proyecto como ingresos todos los pagos pendientes con más de cinco años de antigüedad, cuyo cobro se considera dudoso, junto con el citado recorte del 2% en gastos corrientes y personal. El alcalde señaló, a través de un comunicado, que desde la concejalía de Hacienda se ha «evaluado» el informe remitido por el Gobierno «y se ha pedido la rectificación de los errores que contiene». También defendió que los presupuestos se elaboran «teniendo en cuenta los derechos recaudados, es decir, aquellos que se han cobrado el año anterior y no en base a derechos reconocidos».
Por su parte, la edil de Hacienda, Sofía Morales, apostilló que «desde el ministerio se han comprometido a revisar el informe y corregir todo aquello que se ha incluido de forma errónea». Uno de los aspectos cuya corrección se ha pedido, añadió, es el cálculo de los ingresos elaborado por el Ministerio, puesto que «no son 16 millones menos de ingresos respecto al plan de ajuste sino 3,8». En relación a los pagos de dudoso cobro, alegó que «el Ayuntamiento aplica un criterio más restrictivo y prudente del que marca la ley que esgrime el Ministerio».
Por su parte, Guanyar Alacant mostró, a través de otro comunicado, su satisfacción con el informe realizado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) sobre la gestión de las cuentas municipales entre 2011 y 2015, porque «coincide en buena parte con las medidas planteadas» en su programa «y recogidas en los acuerdos del pacto de gobierno». La formación pidió, a la vista del informe, «la puesta en marcha inmediata del proceso de municipalización de las contratas, la reorganización de la plantilla municipal y la reforma de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. También expuso su acuerdo con aspectos como la puesta en marcha de una Oficina Económica de seguimiento, una central de compras y el «control de los objetivos marcados por la corporación con una visión a largo plazo».
Desde Compromís, asimismo, su portavoz, Natxo Bellido, incidió en su confianza en la concejalía de Hacienda para seguir las «puntualizaciones» del Ministerio. Al mismo tiempo, recordó que esto es consecuencia de que el Ayuntamiento «no tiene soberanía» en el aspecto económico debido a la gestión del anterior equipo de gobierno, que dejó «un caos que sobrepasaba todas las alarmas».
Críticas de opacidad
Mientras tanto, los dos partidos de la oposición coincidieron en denunciar que aún no conocen el presupuesto, ni han tenido acceso al informe encargado a la UMH. Para el portavoz del PP, Luis Barcala, esto pone de manifiesto la «falta de transparencia de la gestión del alcalde», que hace «un uso partidista» del citado informe y «no puede justificar ni ante sus propios socios el gasto de más de 18.000 euros» destinados a su realización. Barcala criticó que esa opacidad con este informe por parte del primer edil se haya extendido hasta ahora incluso a sus socios de Guanyar Alacant y Compromís. Asimismo, insistió en preguntar «si ha habido un informe del Interventor que desaconsejara la aprobación de los presupuestos enviados a Madrid».
Por su parte, para el portavoz de Ciudadanos, José Luis Cifuentes, es «lógico» que el Gobierno «obligue a que hipotéticos pagos no aparezcan como ingresos», y se preguntó «por qué no se han cobrado». Al respecto, lamentó la «irresponsabilidad de gobiernos pasados», máxime teniendo en cuenta la antigüedad de alguna de esas deudas. También reiteró la exigencia de ver el informe de la UMH.
