El informe del Ministerio de Hacienda también repara en los 8,3 millones de euros consignados para el programa de ayudas para libros de texto a financiar entre Ayuntamiento, Generalitat y Diputación. Al respecto, señala la «necesidad de acreditar la habilitación municipal para la prestación de competencias que no son propias ni delegadas», como recoge la Ley de Racionalidad de la Administración Local. El informe realiza esa apreciación en el cuerpo del mismo, aunque no figura después en la relación de condicionantes que el ministerio enumera al final de su dictamen.
