El Gobierno obliga al tripartito a quitar del presupuesto los recibos de dudoso cobro

El ministerio dará su visto bueno a las cuentas si parte de los 70 millones de difícil ingreso salen del balance

07.02.2016 | 02:43

Exige un recorte de 4 millones en gasto corriente y personal

El Ministerio de Hacienda ha devuelto los presupuestos municipales de 2016 al Ayuntamiento de Alicante condicionando su visto bueno a las cuentas trámite obligatorio por la intervención de la entidad local a que elimine de ellas todos los recibos con una antigüedad de más de cinco años que no hayan sido cobrados, tal y como establece la Ley de Haciendas Locales. No es el único condicionante. También exige un recorte de un 2% en los gastos corrientes y de personal, equivalente a cuatro millones de euros, y obliga al interventor a aclarar las previsiones de ingresos tras constatar que se han consignado 16 millones de euros menos de los previstos en el plan de ajuste al que está sometida la hacienda local a consecuencia del rescate económico. Los gastos también incumplen el plan de ajuste con 11 millones de más.

Así, aunque el Ministerio de Hacienda concluye que su informe es «favorable» al presupuesto municipal de 2016, matiza que ese visto bueno está «condicionado» a seis medidas que, en la práctica, obligan a modificar los presupuestos municipales de 2016 que ascienden a 249 millones de euros (con la misma cantidad en gastos e ingresos) antes de poder aprobarlos. Una de esas condiciones es que el pleno municipal depure los recibos de impuestos y otros ingresos considerados de difícil o imposible recaudación por el tiempo que llevan sin cobrarse.

Como adelantó este diario, el informe económico financiero encargado por el Ayuntamiento a expertos de la Universidad Miguel Hernández sobre la gestión económica municipal en el último mandato del PP (entre 2011 y 2015) concluye que el Ayuntamiento tenía a mediados del año pasado más de 70 millones de euros pendientes de ingresar que son de muy dudoso cobro, teniendo en cuenta que el promedio de antigüedad es de más de tres años y que alguno data de mediados de los años 80. Unos ingresos que venían reflejándose en las cuentas como si fueran a cobrarse a sabiendas de la dificultad para poder cuadrar el gasto comprometido.

Una irregularidad en la que también repara ahora el Ministerio de Hacienda en funciones (del PP), que obliga al tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) a regular la situación que, no obstante, se arrastra desde el gobierno popular. En su informe, el ministerio alude al remanente de tesorería para gastos generales de diez millones de euros obtenido en 2014 y a la previsión de que también se obtenga un resultado positivo en 2015. Sin embargo, advierte de que se trata de un superávit ficticio y de que debería ser inferior si no se hubiesen hinchado los ingresos con recibos de difícil cobro.

En concreto, el informe recoge que el cálculo realizado de esos ingresos «supone un incumplimiento» de los parámetros que recoge el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. En ella, se detalla que no se presupuestarán los recibos incobrados con más de cinco años de antigüedad, sólo un 25% de aquellos que tengan entre cuatro y cinco años, la mitad de los que no se hayan cobrado en los últimos tres años y el 75% de los dos últimos años. Ajustar el presupuesto a este parámetro, como exige el ministerio, podría conllevar a una reducción de la previsión de ingresos y del remanente de tesorería.

En cuanto a los ingresos, Hacienda repara en que se consignan 16 millones menos de los comprometidos en el plan de ajuste y concluye que el «incumplimiento de las medidas» comprometidas en el plan de ajuste tiene su reflejo en el presupuesto. Aunque no entra a detallarlas, entre esas medidas figuraba la subida de impuestos a razón de un 3% anual y de tasas hasta cubrir el 100% de los servicios.

En cuanto a la previsión de recaudación de impuestos, en términos generales es similar a la que se presupuestó en 2015, pero supera a lo que finalmente se recaudó. El ministerio asegura no se le ha remitido un informe que «sustente las estimaciones» y dentro de sus condiciones, reclama al interventor que «detalle y explique» las variaciones de los ingresos, dado que el rescate impide «tomar medidas que supongan una reducción de los mismos». Entre esas medidas estaría garantizar, a través del gravamen del IBI, que se mantiene «el importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior». La previsión del tripartito es la de recaudar 84 millones con este impuesto, 1,7 menos de lo previsto en el presupuesto de 2015, pero tres por encima de los 81 recaudados finalmente.

En materia de gastos también se superan las previsiones del plan de ajuste en 11 millones y el ministerio pone la lupa en el capítulo de Personal (asciende a 89,8 millones), requiriendo al Ayuntamiento a pedir un informe a la Dirección General de la Función Pública para determinar si es legal «el incremento salarial acordado» para los Bomberos.

También se exige que el presupuesto Patronato de la Vivienda garantice el pago de facturas pendientes y que se incluya en el expediente los balances de las empresas mixtas.

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