Un grupo de expertos reunidos ayer en la Universidad de Alicante, en el marco de una jornada sobre el futuro del transporte urbano y metropolitano organizado por la Cátedra Vectalia, abogaron por un cambio sustancial en la financiación del transporte público en España, que pasa por establecer, entre otras medidas, un impuesto finalista que grave el precio de los combustibles. Iniciativa con la que se generaría una bolsa de fondos para financiar el transporte público de los municipios, entre ellos el de Alicante, que es deficitario en su concepción actual. La medida tendría, según los expertos, un efecto añadido al incentivar el uso de autobús urbano.
En la jornada, abierta por la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, participó Miguel Ruiz, presidente de la Asociación Nacional de las Empresas de Transporte Urbano, quien denunció en su ponencia la arbitrariedad con la que el Gobierno reparte las subvenciones al transporte público urbano en España, ya que de los 297 millones de euros anuales, 246 millones se van a Madrid, Barcelona y Canarias. Los otros 51 millones de euros, al resto de los 90 municipios con transporte urbano subvencionado por el Estado. Según la patronal, el agravio es significativo, como lo demuestra, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid reciba del Gobierno 20 euros al año por madrileño para subvencionar el autobús, mientras que el Ayuntamiento de Alicante recibe sólo dos euros por alicantino. Los expertos abrieron el debate en un momento especial en la Comunidad, competente en el transporte público urbano e interurbano que tiene 80 concesiones caducadas.
Otras propuestas planteadas ayer en la Universidad de Alicante fueron, además de establecer una tasa especial a los hidrocarburos, fijar fuentes de financiación como que se contemple un impuesto especial en el IBI. Miguel Ruiz, presidente de la patronal estatal explicó los casos de Alemania, Francia e Italia, donde existen modelos novedosos como la tasa directa que abonan las empresas de más de 9 trabajadores para financiar el transporte público en ciudades de más de 10.000 habitantes o el sistema de Alemania, que impuso hace 30 años un impuesto específico bajo la premisa de «quien contamina paga». Se aplica a los productos petrolíferos y sirve para dotar de ayudas al transporte colectivo. En Alemania, dos tercios de los ingresos de los operadores son aportados por fondos públicos.
En España, caso de Alicante, los ayuntamientos son los que asumen la financiación de las redes de transporte urbano con sus presupuestos y una ayuda que reparte una vez al año el Gobierno y que en el caso alicantino no alcanza ni el millón de euros (925.000), al nivel de A Coruña, Valladolid, Córdoba y Gijón. Valencia y Zaragoza reciben seis millones; Sevilla, 5,5 millones y Málaga, tres millones.
El déficit acumulado en el transporte urbano de Alicante desde 2006 se acerca a los 40 millones de euros, cantidad que ha ido creciendo casi en progresión geométrica por los impagos de la Generalitat, que tuvieron su punto álgido en 2012 cuando sólo aportó 250.000 euros, un 5% de lo que le correspondía. Polémica que no existe, por ejemplo, en Valencia, donde el transporte urbano lo gestiona una empresa municipal y el interurbano varias mercantiles de transporte que no tienen problemas de cobro. La concesión del transporte interurbano (Alicante y su comarca) a La Alcoyana expiró el 31 de diciembre de 2013, pero se prorrogó hasta final de 2014 y después hasta abril de 2015 y así sigue hasta su renovación.
