La edil condenada por injurias a la Corona, Marisol Moreno, aprovechó su intervención en el pleno municipal de ayer acerca de una iniciativa para derogar la ley mordaza para realizar un alegato en su defensa. Moreno argumentó que «la libertad de expresión es un derecho inalienable» por el que «toda persona puede decir lo que quiera sobre cualquier tema sin ser criminalizada por ello» y que «nada tiene que ver con lo que es justo o injusto, con el mal o el buen gusto y ni siquiera con la coherencia o la incoherencia porque eso es cosa de la libre interpretación del receptor».
La edil agregó que, «sin embargo, si la libertad de expresión tuviera algo que ver con lo anterior no hubiéramos tenido la declaración de Barcala -portavoz municipal del PP- exigiendo al alcalde mi retirada de competencias, precisamente por utilizar mi derecho a la libertad de expresión con los famosos tuits de 2012».
Moreno recriminó a los populares que «si hubieran sido coherentes, se les habría caído la cara de vergüenza» por solicitar que le retiren las competencias de edil «por un delito de opinión» mientras «salía en prensa todo lo que ha pasado en el PP valenciano, que había funcionado como una verdadera organización criminal -presunta, precisó después- que cuenta con 24 detenidos», en referencia a la operación Taula.
Ante la vehemencia en su discurso el edil popular, Carlos Castillo, le recriminó: «Creo que no tuvo tanta soberbia delante del juez». «Claro», replicó ella. Castillo consideró que su condena se enmarca «en el discurso del odio».
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Luis Cifuentes, criticó que «el pleno fue el escenario del monólogo de Moreno» y acusó al tripartito de «manipular» la iniciativa plenaria para presentar a la edil como «una víctima de la libertad de expresión».
