Ocho meses después de que acabara el plazo de alegaciones, el Consell sigue sin tomar una decisión firme sobre la viabilidad o no del polémico macrocentro comercial que Alicante Avanza (participada por Enrique Ortiz) promueve en Rabasa y que el Ayuntamiento le pidió que retirara en el pleno de julio de 2015 por la oposición frontal del comercio al proyecto tal y como se plantea, dado que apoyan la llegada de Ikea, pero no con un macrocentro anexo. Mientras desde el tripartito municipal admiten que no han vuelto a contactar con Ikea desde el plantón que les dieron directivos de la multinacional en septiembre y aseguran que la pelota está en el tejado del Consell, desde la administración autonómica se pasan esa pelota entre áreas y reconocen que «no habrá una resolución inmediata».
Desde la Conselleria de Vertebración del Territorio que dirige María José Salvador (PSOE) aseguran que la competencia ha pasado a manos del área de Agricultura y Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián (consellera independiente a propuesta de Compromís). Desde este último departamento admiten que son ellos quienes deben realizar una Declaración de Impacto Ambiental para decidir sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE), pero sostienen que no disponen del expediente completo. «Lo hemos reclamado y no podemos hacer nada hasta que esté completo, por lo que no habrá una resolución inmediata», señalaron desde Agricultura y Medio Ambiente.
Así, aunque Salvador ya avanzó que «se están acumulando informes que indican que no es favorable la tramitación» del ATE todavía no se ha dado el paso de decidir al respecto ni se han resuelto las alegaciones que Ayuntamiento, comerciantes y otras entidades empresariales y sociales presentaron bajo una postura común: Ikea sí, macrocentro no. Un limbo administrativo que dilata los plazos establecidos para resolver las ATE y que contrasta con la agilidad del Consell para atender otras reclamaciones del Ayuntamiento, como la petición de eliminar la libertad horaria de las grandes superficies de Maisonnave. En este último caso, el Consell atendió la petición del tripartito (apoyado por Ciudadanos) en apenas un mes y medio, aunque tenía tres meses para hacerlo.
Fuentes de Ikea lamentan que la situación siga «igual» que hace tres meses, cuando en declaraciones a este diario reclamaron celeridad al Consell para la toma de una decisión, en uno u otro sentido, con el fin de decidir qué hacer con su inversión de 250 millones de euros y si se queda en Alicante o no. «Estamos esperando a que se tome una decisión. Necesitamos que se desbloquee institucionalmente», señalaron ayer desde la multinacional. Desde la empresa promotora, Alicante Avanza, coinciden al apuntar que la tramitación está paralizada de facto y señalan que el Consell todavía no les ha remitido todos los informes de las administraciones, entre ellos el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para que puedan realizar un refundido del proyecto con modificaciones. Algo que, consideran desde la mercantil, debe ser previo a la resolución ambiental del Consell.
Desde el PP preguntarán hoy al tripartito, en el pleno, el estado de las negociaciones con Ikea «tras meses de silencio». El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, admite que no ha habido contactos y que «la Generalitat debe mover ficha». No obstante, la administración autonómica mantiene paralizada la tramitación, como acordó en julio para revisar a fondo el expediente por sospechas de corrupción, sin tomar una decisión acerca de la petición municipal de retirar definitivamente el ATE.
