El tripartito acordó ayer el pago de otros 776.000 euros a Enrique Ortiz por los servicios de limpieza de colegios y dependencias así como por el mantenimiento del cementerio cementerioque prestan sus empresas pese a que los contratos llevan meses caducados (el de colegios desde junio y el de cementerio desde junio de 2014). Con este pago, ya son casi 5,5 millones de euros los que se han pagado por estos servicios fuera de contrato en lo que va de mandato sin que se haya tomado una decisión sobre si se rescatan o se vuelven a licitar. De hecho, la comisión municipal que el tripartito acordó crear para tomar una decisión todavía no se ha reunido y no lo hará, previsiblemente, hasta la próxima semana con el objetivo de tomarla en febrero.

Así lo indicó ayer el portavoz del tripartito, Natxo Bellido, tras celebrarse la Junta de Gobierno Local, en la que también se acordó el pago de otros 9.400 euros por el suministro de sillas para espectáculo, servicio también fuera de contrato. A estos tres contratos caducados se suma desde noviembre el de suministro eléctrico, por el que mensualmente se pagan otros 613.000 euros. En total, cada mes se pagan ya 1,4 millones de euros por servicios fuera de contrato. Un procedimiento que fue criticado por los grupos de la oposición, ahora en el gobierno local.

Desde el PP, el portavoz municipal, Luis Barcala, asegura que los pliegos de condiciones de los servicios caducados «están hechos desde mayo» sin que el tripartito los haya sacado a licitación o rescatado, como era su intención. Barcala lamenta «el tiempo perdido» que atribuye «al conflicto interno dentro del tripartito sobre si los sacan a licitación o los rescatan» y asegura que supone «un sobrecoste» porque las nuevas licitaciones municipales han experimentado una «tendencia a la baja».

La Junta de Gobierno también acordó ayer el pago extrajudicial de 68.000 euros para pagar una factura en los cajones procedente del anterior mandato del PP y correspondiente al pago de una procuradora de los tribunales. Bellido calificó de «extraño» que se contratara este servicio en 2010 para un procedimiento judicial relativo al Plantío, en el que la demanda de indemnización ascendía a 51 millones de euros. «En este tipo de procedimientos no es necesaria la procuradora porque el Ayuntamiento tiene medios suficientes», destacó Bellido.