¿Qué es lo único que nos podría pasar para no tener un año turístico histórico? Ni la Bolsa, ni el temor a una recesión económica mundial. La sensación de inseguridad. El sector turístico de la Costa Blanca, que cierra hoy una de las ediciones de Fitur más optimistas que se recuerda en los más de treinta años de certamen lo tiene claro. Si la provincia continúa siendo un destino seguro y no ocurre lo que todos piensan, pero nadie quiere sin mentar, el próximo diciembre estaremos hablando de un ejercicio récord para la actividad que genera el 14% del PIB de la provincia y mantiene 300.000 empleos directos de personas que atienden a los más de diez millones de turistas que eligen todos los años la provincia. Hoy, con el precio del petróleo a la baja y la libra esterlina muy fuerte la temporada está casi hecha y ahí están los datos hechos públicos esta semana en Fitur. Las reservas del turismo británico para e verano han crecido un 45% en relación a los datos de enero de 2015.
El optimismo se ha disparado tras un 2015 para enmarcar, y en estos momentos sólo hay un «pero» a corregir. La batalla por aumentar la rentabilidad del visitante o, lo que es lo mismo, crecer en facturación porque es difícil ofrecer más calidad con unos precios que llevan congelados desde que arrancara la crisis allá por 2007. Cierto que el turismo es el que mejor la ha capeado, pero también lo notó pese a ser un sector acostumbrado a trabajar cuando las recesiones económicas azotan. El descalabro provocado por la explosión de la burbuja inmobiliaria fue tal que hoteles, apartamentos, agencias de viajes, bares y cafeterías acabaron por notarlo y pasarlo mal.
La prueba evidente la ofrece el turismo del Imserso, casi denostado a finales de los noventa y principios del siglo XXI, que hoy vuelve a ser incuestionable.
El sector también encara 2016, no se puede ocultar, con una gran asignatura pendiente y algunas polémicas abiertas por el nuevo equipo gestor del Consell que urge apagar o aclarar con argumentos sólidos. ¿La asignatura pendiente? En los últimos dos años la mal llamada economía colaborativa (en castellano claro alojamiento sumergido o pirata) se ha convertido como una prolongación letal de los antaño denominados apartamentos alegales, aquellos con los que el dueño de una segunda residencia en la playa y el portero de la finca se sacaban unos cuartos para pagar el IBI y los gastos de comunidad. Los empresarios que pagan regularmente los impuestos lo advirtieron, pero el Consell no actuó con firmeza y la bola de nieve se hizo cada vez más grande hasta llegar a los datos actuales en los que, por ejemplo, en muchos municipios costeros turísticos de la provincia como, por ejemplo, Alicante, las plazas de alojamiento que escapan al control de la Administración superan ya a la oferta reglada, la que está sometida a inspecciones casi diarias, incluidas las puntuales visitas de la Policía para controlar quién duerme en la Costa Blanca.
Todo el mundo lo reconoce y la Administración asegura que ha tomado cartas en el asunto pero todo sigue igual, o peor. Cuatro grandes plataformas, algunas hasta cotizan en Bolsa, son las que mueven un mercado de alojamiento no regulado y hasta el momento inmune. Algo que se cobra miles de euros de ingresos de Hacienda y las empresas y que, obviamente, castiga al empleo.
Y como hay alguien que siempre se empeña en mover las balsas de aceite, en las últimas semanas se han abierto dos nuevos debates que también fueron motivo de conversación en los corrillos de Fitur. El anuncio del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, de buscar una gran marca que unifique toda la oferta e imagen de la Comunidad, y la posibilidad de gravar al sector con un nueva tasa turística, como se viene insinuando desde el Consell casi desde que comenzó la legislatura. El rechazo a ambas iniciativas es generalizado pero el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no ha sabido despejar las dudas, como se demostró esta semana en un foro con empresarios. Experimentos de este tipo y a estas alturas no parecen muy viables, y, por supuesto, no vale que las arcas públicas están peladas y haya que buscar fondos hasta de debajo de las piedras como pretende el conseller Climent (Compromís). Aunque la secretaria autonómica, Clara Ferrando, la misma que la puso como ejemplo de lograr fondos, ha dejado claro que el tema está archivado, máxime si el sector no la respalda, la nebulosa preocupa en la Costa Blanca.
Lo que importa. Al margen de las cuestiones que combinan lo económico y lo político (Puig anunció una línea de crédito de 20 millones de euros para las empresas), tampoco están mal los proyectos que se han hecho públicos esta semana para trabajar en la desestacionalización del mercado. Que la provincia pueda tener todos los días del año visitantes al margen de que apetezca más o menos darse un baño.
Las apuestas por la gastronomía -agencia de la dieta mediterránea-, los congresos, el interior y el deporte - que los equipos europeos de todas las modalidades, desde el ciclismo al fútbol pasen el invierno en Alicante- son importantes, pero algo que tiene que tener claro todo el mundo es el que el principal patrimonio de la provincia son sus playas, y poco se ha escuchado en estos primeros días del año sobre planes directos para hacerlas más atractivos, lejos de que se acoten zonas para mascotas o más facilidades para el baño de la personas discapacitadas (fundamental).
La playa es nuestro gran patrimonio y si no que se lo pregunten a Benidorm. ¿Qué es lo que presidía su estand? Un foto gigante de la playa de Levante, la playa de cinco millones de turistas de toda Europa. Pues eso.
