El Consell ha decidido recurrir el decreto que regula las pruebas de reválida para todos los alumnos de sexto de Primaria por la falta de financiación para contratar a los profesionales externos cuyo coste asciende a 600.000 euros, como subrayó ayer en Alicante la vicepresidenta, Mónica Oltra, tras la celebración del pleno.
Tras insistir en la imposibilidad de ponerlas en marcha, la también portavoz del Consell detalló que la medida jurídica es también fruto de lo que considera una «mala gestión de una cuestión que tiene un tiempo porque todo el mundo sabe cuándo comienza el curso y cuándo acaba.
La Comunidad se adelanta así a otras comunidades que también han mostrado su rechazo a esta prueba y desde el Consell consideran el recurso como «una medida cautelar este año, porque puede ser un caos total, al margen de no estar de acuerdo por razones de procedimiento que justifican que se eliminen las reválidas»
Para la vicepresidenta el Gobierno no ha seguido la pauta marcada de «dar audiencia a las comunidades autónomas», y se ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat para que interponga un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 1058/2015 que obliga las comunidades a «diseñar, aplicar y corregir exámenes a los alumnos de sexto de Primaria».
Oltra abunda que la decisión de la reválida ha sido «unilateral y sin comunicarla en la Conferencia Estatal de Educación», además de considerar que estas pruebas «no ayudan a la integración y a la equidad».
Desde el punto de vista educativo, los responsables políticos sostienen que no se ha desarrollado la normativa necesaria en forma de Orden Ministerial para realizar las pruebas, además de que el decreto se publicó tardía publicación como decreto «el 28 de noviembre e imposibilitó crear una línea presupuestaria exclusiva para poder realizarlas .
Que hagan falta profesionales externos también se percibe como una desconsideración y cuestionamiento de la labor evaluadora del profesorado en los centros.
