La mitad de los sobrecostes acumulados por la construcción de centros escolares a cargo de la empresa pública Ciegsa y examinados por la Intervención de la Generalitat se acumulan en la provincia de Alicante. No en vano, detenta el penoso privilegio de reunir más de la mitad de las aulas prefabricadas de toda la Comunidad.

Dieciséis colegios e institutos de la provincia figuran entre la treintena de centros expresamente analizados por la Intervención para desgranar el dinero por el que se adjudicaron y lo que finalmente supusieron para las arcas públicas, mayoritariamente tras modificaciones sustanciosas del proyecto inicial.

Llama la atención que la Escuela Europea, fruto de un convenio entre el Gobierno central y la Unión Europea a través de su oficina en Alicante, la OAMI, por lo que su construcción se encargó a Ciegsa, es la única instalación educativa que acabó costando menos al final, un 0,96% de bajada de precio sobre los 6,1 millones de euros por los que se adjudicó. La Intervención sólo concreta los costes de la primera fase, que se hizo en tiempo récord el año 2002, en apenas siete meses de plazo, para los alumnos de Infantil y Primaria, preferentemente hijos de funcionarios europeos.

El Instituto número 3 de Dènia es a su vez el único público cuyo precio se ajustó a lo licitado, la misma cantidad que la Escuela Europea, 6,1 millones. A partir de estas excepciones, el resto de centros sobrepasa el coste de partida habiendo incluso doblado su precio el Instituto de Rafal, con un 106% de sobrecoste sobre los 3,1 millones por los que se adjudicó.

Tras este centro, los que más dispararon su coste entre los analizados por la Intervención de la Generalitat, por lo que el actual Consell quiere remitir el informe a los tribunales, son de Elda, Elche y Orihuela -ver cuadro adjunto- que han costado del orden de un 50% más. El colegio Benalúa y el IES 8 de Marzo, de Alicante, que coleraron una década, acabaron costando un 35% más.