Colegios concertados y empresas de comedor y de transporte escolar de la provincia han provocado el colapso telemático en el registro de la Subdelegación del Gobierno, que en Alicante adolece ya de un mes de demora a consecuencia de la exigencia del certificado negativo de delincuencia sexual que ha entrado en vigor este año tras la actualización de la Ley de Protección del Menor para cuantos profesionales trabajen en contacto con niños.
Mientras la dirección territorial de Educación descartó ayer reclamar dicho certificado a los docentes, al no haber recibido ninguna notificación al respecto por parte de la conselleria, los delegados sindicales miembros de la Junta Provincial Docente que representa a los 20.000 profesores de la provincia -con quienes se reunió Tudi Torró-, reclamaron un mecanismo «más lógico», como subrayó por CC OO Francisco García. «La Administración debería ser capaz de cotejar que no existe ningún delito con menores sin necesidad de colapsar los registros ni atentar contra la privacidad de datos». García sostiene que «aunque se acredite en este momento que no se ha cometido delito alguno con menores, puede suceder algo dentro de quince días, ¿acaso se va a pedir con cierta periodicidad dicho certificado?», ironizó.
Al margen de pocos docentes de nueva contratación a quienes algún colegio concertado ha reclamado el certificado auspiciado por sus representantes legales, la medida no está afectando mayoritariamente al sector de la enseñanza, no así a los monitores de comedor y transporte.
María Ángeles Galdón, secretaria de organización de la federación de servicios del citado sindicato, lamenta que entre los 3.000 trabajadores del sector en los comedores como monitores y cocineros, «al menos a 2.000 se les ha reclamado ya por sus empresas el citado certificado y el 90% lo han solicitado, de ahí el colapso telemático de los registros donde nos dicen que no entienden por qué tanta petición de antecedentes penales, pese a que el requerido es el específico de delincuencia sexual. Las oficinas no tienen más documento que el de penales y las empresas lo reclaman pese a no ser el que contempla la ley para curarse en salud». Galdón lamenta que se amedrente a los trabajadores con amenazas de despido, lo que les lleva a pedirlo en masa.
Desde el propio Ministerio de Justicia replicaron a CC OO que mientras no se cree el Registro Central que expida el certificado negativo de delitos sexuales, podía entregarse el de antecedentes penales. «Es absurdo porque la ley es muy clara. Monitores de La Vila y Santa Pola incluso se han desplazado al registro de Murcia o se han reunido para pagar al notario y compulsar el documento que cuesta 3,70 euros por persona sin ser el reglamentario».
Para tratar de aclarar la situación, CC OO ha remitido cartas a todos los centros escolares para que hagan saber a las empresas de comedor «que la ley es la ley, y no lo que están haciendo».
«Gestión inútil»
«No nos oponemos a la ley, pero antes que colapsar el sistema con una gestión inútil sería preferible que ante cualquier condena por delitos sexuales, el juzgado de turno inscriba a esa persona en el Registro de delincuentes y automáticamente se le separe del contacto con menores, sea o no funcionario», subraya Francisco García. «No se debe generar una alarma donde no la hay», concluye.
