Al menos 126 aulas prefabricadas de colegios licitados por Ciegsa, la constructora pública de centros escolares de la Comunidad Valenciana durante el mandato del PP, se licitaron en la provincia previo pacto entre media docena de empresas durante cuatro años, de 2008 a 2011, según consta en el expediente hecho público por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Correos internos entre las firmas implicadas y múltiples reuniones demuestran el modo de operar con las aulas prefabricadas que, en realidad, seguía el mismo mecanismo que otro tipo de construcciones modulares también para instalaciones públicas de sanidad y para eventos puntuales en hasta ocho comunidades autónomas.
En el caso de la Zona Levante, tal y como las empresas implicadas denominaban el reparto al que habían llegado en la Comunidad Valenciana, el mayor pedazo de la tarta corresponde al «elevado número de contratos licitados en el ámbito educativo a partir de 2008», como consta en el informe estatal.
Las licitaciones sumaron al menos 126 aulas en centros de la provincia y cerca del centenar de centros en la Comunidad que rondaron los 30 millones de euros, entre los que figuran el Manuel Torres y el Canals y Martínez de Almoradí; Altea; Benidorm; Xixona, Azorín de Catral; San Bartolomé de Orihuela; Lo Romero y García Berlanga de Sant Joan; San Vicente Ferrer de Teulada; Número 1 de Xàvea; Virgen Pobre de Xaló, Pedro Ibarra de Elche; Primo de Rivera de Crevillent y San Blas y Babel de Alicante, entre otros.
Las empresas inmersas en la trama de corrupción investigada por la CNMC se repartían los clientes, fijaban los precios y decidían quien se quedaba con qué. Si había alguna empresa que no estuviera en el negociado, contactaban con ella. A los clientes se les ofrecía presupuestos a precios más altos o más bajos, en función del acuerdo al que habían llegado en el reparto.
Al tratarse de construcciones modulares, la mayor tajada la obtuvieron con los contratos de barracones de Ciegsa. La instalación de aulas prefabricadas en los centros públicos de la Comunidad Valenciana movió más de 29 millones de euros entre los años 2008 y 2012. Pero esta trama no solo se centró en educación. Durante dos años (de 2010 a 2012) las empresas de la trama de los barracones también metieron mano en los contratos para el suministro de construcciones modulares para el Gran Premio de Moto GP, el circuito de Fórmula 1, el Festival de Música Independiente de Benicàssim (FIB), el Rototom o el Arena Sound de Burriana.
Así consta en al resolución de la CNMC que desgrana la estrategia a seguir de cara al reparto de clientes y eventos, los contratos para las aulas prefabricadas de los colegios e institutos e incluso el precio pactado si los módulos eran para uso sanitario o para otro tipo de ofertas. Todo ello documentado con correos cruzados entre los directivos de las empresas, así como la acreditación de al menos 22 reuniones bilaterales o multilaterales entre febrero de 2009 y diciembre de 2012, «con distinto grado de participación, en función de su presencia geográfica y de los acuerdos adoptados respecto de licitaciones o clientes». La red, además, actuaba en prácticamente todo el territorio español.
La CNMC ha investigado 16 empresas aunque finalmente solo ha sancionado a siete de ellas (ABC, Algeco Construcciones, Alquibalat, Alquibarsa, Arlan, Dragados y Remsa). A excepción de Arlan, el resto actuaron en la Comunidad.
El informe asegura que el mecanismo utilizado era «análogo en todas las zonas afectadas» y consistía en que, a raíz de las publicaciones de los acuerdos marco de las comunidades autónomas de las ofertas realizadas por operadores públicos o privados para la compra o alquiler de módulos, «los competidores implicados y con presencia en la zona establecían contactos para pactar los descuentos y las condiciones técnicas a ofertar para resultar adjudicatarios de las licitaciones públicas derivadas de dichos acuerdos marco o contratistas de los contratos privados. De esta forma se repartían el número de módulos a suministrar o trasladar y se garantizaban sus cuotas de mercado», señala la resolución de la CNMC.
