El gobierno tripartito del Ayuntamiento de Alicante, integrado por el PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís, presentará una declaración institucional al próximo pleno en la que insta al nuevo Ejecutivo central "a eliminar la llamada Ley Mordaza y a defender los derechos de la ciudadanía del Estado".

La citada ley, según recoge este escrito que será elevado a la sesión plenaria del próximo día 28, "se encuentra en vigor desde el 1 de julio de 2015, tras su aprobación en febrero del año pasado en el Congreso de los Diputados con el apoyo de la mayoría absoluta del PP", según un comunicado del consistorio.

Para el actual gobierno municipal, esta Ley "vulnera los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía y disminuye" los de "manifestación y expresión".

La propuesta del tripartito destaca que "organismos internacionales de la talla de la ONU, Amnistía Internacional y Cáritas aconsejaron en su día que no se llevara a término esta reforma por considerarla contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas, y solicitaron al Gobierno que desistiera de su formulación y aplicación", según la nota de prensa.

"La Ley Mordaza introdujo limitaciones y modificaciones sustanciales en la Ley de Extranjería, el Derecho de reunión y el ejercicio colectivo del Derecho a la libertad de opinión y expresión, y abrió paso a definiciones amplias o ambiguas en el Código Penal que posibilitan una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades", añade.

Igualmente, según el comunicado, "esta ley puede considerarse contraria al Derecho Internacional, ya que introduce un efecto disuasorio sobre el ejercicio de libertad de manifestación pacífica".

Por todo ello, el gobierno tripartito de Alicante propone al pleno "instar al nuevo Ejecutivo de España a que elimine la Ley Mordaza y se comprometa en defender los derechos de la ciudadanía del Estado".

También solicita que se comprometa "a utilizar todos los medios a su alcance para seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía, así como la libertad de expresión y de huelga de las trabajadoras y trabajadores del Estado".