El conseller de Educación, Vicent Marzà, confirmó ayer que la Intervención General de la Generalitat ha remitido ya a su departamento el informe definitivo que se encargó sobre Ciegsa, a raiz de las denuncias de su propio grupo político, Compromís, y que el documento confirma «sobrecostes» en las obras de la constructora de centros educativos públicos durante el mandato del PP, que se traducían en sueldos superiores a la media, en resumen, «auténticas barbaridades». En conclusión, como subrayó Marzà, la gestión «no ha sido ética» y cree la Fiscalía «deberá estudiarlo».
El conseller se refirió a «datos muy contundentes» que confirman «sobrecostes» y «sueldos por encima de la media de la administración pública», así como encargos «que no se han hecho» y trabajos vinculados a las obras «sin presupuesto».
Los datos del informe de la Intervención resultan para el máximo dirigente educativo «alarmantes» y recuerda que no hacen sino confirmar lo que ya denunció su grupo político cuando estaba en la oposición: «Ahora que tenemos acceso a toda la información, que hasta ahora se nos había negado, vemos que no se ha gestionado por el bien de los valencianos y, en concreto, en los centros educativos. Es algo especialmente grave» recalcó.
Las conclusiones de este informe que ya consideró Marzà como «definitivo» confirman que «ha habido actuaciones que no concuerdan y vamos a luchar para que se esclarezcan y que cada céntimo de los valencianos, que es más que sagrado, vuelva a la ciudadanía».
Tribunales
Aunque será la Abogacía la que finalmente determine el procedimiento a seguir, para el conseller la contundencia de los datos deberían hacerse llegar a la Fiscalía. «Pensamos que es una cuestión que se debe esclarecer y la ciudadanía lo debe saber más allá de si hay después actos delictivos o no. L a gestión de Ciegsa no es ética, el informe lo dice clarísimamente y algunas cuestiones apuntan más allá y por tanto lo deberá valorar un juez».
Para el titular de Educación, el informe revela finalmente que el convenio entre la anterior conselleria y Ciegsa «no respondía a la realidad jurídica».
