¿En qué situación se han encontrado los servicios sociales al llegar a la conselleria?
En una situación catastrófica y con un desmantelamiento total que estaba previsto para el 1 de enero, con la entrada en vigor de la Ley de Racionalización de la Administración Local. Con esta ley los servicios sociales pasaban a ser competencia impropia de los Ayuntamientos y los asumía la Generalitat. Eso lo único a lo que conducía era a la privatización de los servicios sociales. Además hemos encontrado un abandono de la gestión y de la planificación. Durante estos años, los servicios sociales han funcionado por inercia, por la buena gestión de las trabajadoras sociales y de los funcionarios. Ahora, desde la administración hay que coger las riendas de ese barco sin rumbo que nos han dejado para poner en valor los servicios sociales y reconocer derechos.
¿Qué ha sido lo más urgente que han tenido que acometer?
Lo más urgente ha sido el decreto para suspender en la Comunidad Valenciana esa Ley de Racionalización de la Administración Local de manera que los municipios sigan teniendo competencias en servicios sociales. Esa es la piedra angular de todo lo que viene detrás. Lo siguiente ha sido hacer un diagnóstico de los servicios sociales y hacer una planificación de los recursos existentes. No había una mapificación para saber qué recursos había tanto públicos, como privados y del tercer sector. También nos hemos centrado en ver las necesidades por comarcas: listas de espera de recursos, de mayores, dependientes, de menores... para desarrollar esa planificación y determinar dónde se van a hacer las inversiones. Hasta la fecha se ha funcionado bajo el clientelismo y el mercantilismo. Nos encontramos con centros construidos en poblaciones sin demanda que estan vacíos y deteriorados y otras poblaciones donde hay una lista de espera enorme y no se hicieron inversiones.
En la nueva planificación en la que están trabajando, ¿qué lugar ocuparán las residencias del denominado modelo Cotino?
Hemos contemplado en el presupuesto una dotación económica para 700 plazas adicionales a las existentes para los mayores, si bien no hemos abierto concurso de licitación porque estamos condenados a una próxima sentencia del TSJ que esperemos dé luz a la problemática existente con las plazas de accesibilidad social, entre las que están las residencias del señor Cotino entre otras. Calculamos que para febrero nos trasladarán el fallo y ahí sabremos si se declara nulo o no el blindaje de esas contrataciones que determinaban que cualquier plaza que la administración necesitara debía contratarla con estas residencias. Estamos condicionados a ese contrato hasta que la justicia se pronuncie para poder establecer esos nuevos concursos en los que se está trabajando por parte de conselleria. En este sentido, hay un grupo de trabajo dedicado sólo a las licitaciones para que se introduzcan cláusulas sociales que obliguen a que las empresas que contraten con la administración cumplan con un perfil social y no solo mercantilista. Y es que nosotros explicamos siempre que no estamos haciendo carreteras, con lo que puedes jugar con el precio del hormigón. Atendemos a personas y con ellas no puedes escatimar en céntimos a la hora de adjudicar un contrato porque repercute en su dignidad.
Respecto a la Ley de la Dependencia, ¿tan mal esta la situación como denunciaban cuando estaban en la oposición?
La situación es totalmente nefasta. El gobierno anterior había maquillado los datos de la lista de espera de forma que había 16.000 personas no reflejadas en las estadísticas. La lista de espera que nos hemos encontrado es de casi 45.000 personas. Una lista de espera que denota falta de financiación y falta de voluntad política de aplicar la ley y de priorizar a las personas frente a otro tipo de políticas de macroconstrucciones. A esto se añaden todas las políticas de recortes estatales y autonómicos, entre ellas el copago o tasa para las personas mayores y con diversidad funcional. De esta manera ha habido que tomar medidas urgentes por la exclusión social en la que les habían dejado, entre ellas la derogación de ese copago. Nada más entrar se destinaron 28,5 millones pedidos a Hacienda para hacer frente a la resolución de expedientes de personas que habían solicitado la ley. Así, por primera vez se ha superado la tasa de reposición de fallecidos y se incorporaciones netas al sistema.
¿Cumple el Gobierno central con su parte de la Ley de la Dependencia?
La ley dice que el Gobierno tiene que cubrir el 50% de la financiación y actualmente recibimos el 14%, con lo que el esfuerzo que hacemos es aún mayor porque recae sobre fondos propios de la Generalitat.
¿Estudian pedir responsabilidades a la anterior administración por esta situación que se han encontrado?
Sí, estamos haciendo un estudio y mirando con lupa para derivar responsabilidades al sistema judicial. Hay mucho por analizar porque han sido 20 años de gestión y está todo muy enredado. Hay que ir tirando del hilo para desenredar toda la madeja. Estamos haciendo eso que es imprescindible sin dejar de atender nuestras obligaciones y llegar a todas las personas. Una de las cosas que hemos pedido es una auditoria laboral y contable porque la situación a primera vista está llena de irregularidades.
