A partir del próximo viernes, 1 de enero, los pensionistas con rentas más bajas y las personas con diversidad funcional no tendrán que pagar por sus medicinas en la Comunidad Valenciana. El pleno del Consell acordó ayer destinar un total de 41 millones de euros a que estos colectivos dejen de abonar los copagos que fueron implantados en 2012 por el anterior gobierno del PP.
En el caso de los pensionistas, la medida afecta en la Comunidad Valenciana a 910.000 personas 910.000 personascon rentas inferiores a 18.000 euros anuales. En la provincia, según las estadísticas de la Seguridad Social, serían unos 300.000 los pensionistas beneficiados por esta medida. Para ello, la Generalitat ha previsto una partida de 35 millones de euros. Respecto a las personas con diversidad funcional, se subvencionará tanto el tratamiento farmacológico como los productos de ortopedia de los menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33% o de los mayores de edad con una discapacidad del 65% o más. A estas ayudas se destinarán 6 millones de euros y la Generalitat calcula que beneficiarán a 136.000 personas en la Comunidad Valenciana
Para evitar posibles escollos de Madrid, la Conselleria de Sanidad ha articulado la eliminación del copago en tres líneas de subvención en la Ley de Presupuestos. Según anunció ayer la portavoz del Consell, Mónica Oltra, «los usuarios no tendrán que hacer nada. La Conselleria de Sanidad gestionará de oficio los expedientes y abonará directamente a las farmacias las ayudas». Los beneficiarios también podrán consultar en los centros de salud, además de en las farmacias u ortopedias, si cumplen las condiciones para acogerse a la medida y dejar de esta forma de pagar por los fármacos. A partir del 1 de enero, también se informará a los beneficiarios en las propias recetas.
Pese a que desde el departamento de Carmen Montón señalaron ayer que esta devolución será posible gracias «a un acuerdo alcanzado con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos», desde el Colegio de Alicante, su presidenta Fe Ballesteros, señaló ayer que en la provincia de Alicante aún no se ha firmado este convenio. Aunque la presidenta de los boticarios aplaude la derogación del copago, sostiene que primero «queremos esperar a la publicación del decreto en el DOCV para estudiarlo. Después se convocará una asamblea en la que los colegiados deberán pronunciarse».
Por otro lado, el Consell ha autorizado el expediente por enriquecimiento injusto a favor de la UTE Ribera Salud II, una decisión que hará posible el pago de obligaciones por importe de 12,3 millones de euros contraídas durante los ejercicios que abarcan de 2008 a 2012 por actividades y procesos asistenciales registrados en las aplicaciones Compas y Abucasis. Oltra afirma que la medida pone de manifiesto que el modelo impulsado por el anterior Gobierno es propio de «una gestión completamente irresponsable del dinero público».
