La rescisión de los conciertos sanitarios que se rigen por el llamado modelo Alzira es uno de los compromisos del Pacto del Botànic, pero el camino a la reversión de los hospitales y centros sanitarios al sistema público no estará exento de dificultades económicas. El Síndic de Comptes alerta en su informe de una de ellas; la que tiene que ver con las 26 liquidaciones anuales correspondientes a los cinco contratos en vigor (Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche) que siguen pendientes pese a remontarse a 2008. En 2014, Sanidad informó de la aprobación (fuera de plazo) de la liquidación de siete anualidades de la asistencia integral de Torrevieja y el balance vaticina que el negocio de las concesiones será ruinoso para la Generalitat. Así, sólo el cierre de 2007 y 2012 resultó a favor del Consell (8,2 millones), mientras que el resto fue a favor del concesionario (31,1 millones). En resumen, la Generalitat debe a la empresa unos 23 millones.

Está por ver que pasará con el resto de concesionarias. La Sindicatura hace notar que «al no conocerse los importes de dichas liquidaciones, no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración de 2014». De ahí que este asunto figure como una de las salvedades que el Síndic realiza en su auditoría financiera a la Generalitat.

Tampoco le pasa desapercibido al Síndic que se incumple la legalidad vigente, ya que el plazo para la realización de las liquidaciones es, como máximo, el 31 de marzo del año siguiente al que corresponde. Añade que en los expedientes no constan las causas e imputabilidad de los retrasos.

Respecto a las liquidaciones realizadas en la zona de Torrevieja, el órgano fiscalizador señala cuestiones «significativas» como el hecho de que los ajustes se contabilizan por sus saldos netos y no por los diferentes componentes de gastos e ingresos, «lo que supone un incumplimiento de los principios contables públicos». Y apunta dónde está la opacidad al indicar que uno de los elementos más importantes de las liquidaciones anuales, dentro de los gastos pagados por la Conselleria por cuenta del concesionario, son las nóminas del personal público.

Por otro lado, el Síndic advierte de que la Intervención de la Generalitat reconoce carecer de medios suficientes para verificar los datos que facilita el concesionario, por lo que sugiere que las concesiones sean objeto de auditoría especifica.