Las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en relación al Catálogo Viario de la Generalitat, por el que se transfirió a los ayuntamientos la titularidad de decenas de carreteras y viales que suman casi 3.000 kilómetrostransfirió , han sido favorables hasta ahora a las tesis del Gobierno valenciano y llegan, además, con un regalo envenenado: la sentencia incluye el pago de costas por los ayuntamientos recurrentes.
El Catálogo del Sistema Viario de la Comunidad Valenciana, en vigor desde el pasado 16 de abril, supuso de facto la transferencia a los municipios de kilómetros de carreteras, caminos y travesías que dependían de la Generalitat y que a partir de ese momento su nueva señalización y mantenimiento pasaban a ser competencia local.
Las protestas de los ayuntamientos, que fundamentalmente argumentaban en contra del nuevo catálogo razones de tipo económico, tan sólo provocaron en la conselleria de Infraestructuras, dirigida entonces por Isabel Bonig, una cierta disposición a aplazar unos meses la transferencia, aunque sin renunciar al fondo de la disposición, que aligeraba cargas a la Generalitat para transferirlas a ayuntamientos con graves problemas de financiación.
En las últimas semanas han comenzado a dictarse las primeras sentencias frente a la avalancha de recursos que se presentaron en los primeros meses de 2013 contra el Catálogo Viario de la Generalitat Valenciana. El TSJ ha rechazado parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benidorm contra el catálogo y aceptado una petición expresa al declarar «no conforme a derecho» en el anexo de vias transferidas la cesión del vial CV-7673, que forma parte de los accesos a Terra Mítica.
No obstante, el tribunal desestima la petición de nulidad del conjunto del decreto. La anulación de la cesión permite que el ayuntamiento benidormí no tenga que hacer frente a las costas del juicio. En el caso concreto de Benidorm, su ayuntamiento calculó un coste para las arcas municipales de 400.000 euros al año para mantener estos viales. Por eso, el Ayuntamiento recurrió el decreto del Catálogo del Consell ante el Tribunal Superior de Justicia.
En las otras dos sentencias conocidas esta semana, que afectan a los municipios de Guardamar y Benijófar, el TSJ desestima integramente el recurso contra el catálogo e impone a los ayuntamientos las costas causadas en el proceso, si bien limitando su cuantía a 800 euros, más el IVA correspondiente, en conceptos de defensa y representación.
