El empresario de hostelería que presentó en los juzgados de Alicante la primera denuncia por prevaricación contra el edil Miguel Ángel Pavón y un técnico del Ayuntamiento ha remitido al juzgado de Instrucción número 6 un escrito para que la acusación se amplíe a la jefa del departamento de Sanciones de la concejalía, la exdiputada popula y exalcaldesa de Aigües Pilar Sol. En la ampliación el denunciante también acusa a los implicados de un delito de falsedad por un nuevo decreto firmado por el edil de Urbanismo y Vías Públicas donde vuelven a sancionarle por carecer de licencia para veladores en un establecimiento de la plaza de San Cristóbal, cuestión que el empresario asegura es incierta pues tiene autorización para instalar mesas y sillas en la terraza.
El hostelero asegura que el nuevo decreto está dictado y firmado en varias fechas anteriores al 30 de noviembre, día en que el empresario acudió a una reunión en el Ayuntamiento donde se comprobó que había presentado un escrito de alegaciones al expediente, pese a que el decreto de Pavón decía lo contrario, y le ofrecieron revocarle la sanción si retiraba la denuncia judicial.
Según la ampliación de denuncia presentada en el Decanato de los juzgados de Benalúa, el hostelero explica que el pasado 30 de noviembre acudió a la Concejalía de Vías Públicas y tras comprobar que había presentado en tiempo y forma un escrito de alegaciones al primer decreto de sanción le pidieron que retirara la denuncia judicial y a cambio dictarían una resolución revocatoria de la sanción. En dicho encuentro estuvo presente la responsable del departamento de Sanciones, Pilar Sol, de ahí que el hostelero haya ampliado la denuncia contra ella.
Cuatro días después de esta reunión, el Ayuntamiento notifica un nuevo decreto sancionador y lo presenta a una trabajadora de un local contiguo al expedientado, cuando el propio documento municipal recoge textualmente que se entrega en un despacho profesional que representa al establecimiento. Asimismo, el hostelero señala que «se trata de un documento público presuntamente falsificado», puesto que en el encabezamiento figura que fue dictado el 6 de noviembre y firmado electrónicamente por los denunciados los días 9 y 17 de noviembre.
Por ello, entiende el denunciante que se ha cometido un presunto delito de falsificación documental y pide al juzgado que encargue un informe pericial a la Guardia Civil sobre dicho documento del Ayuntamiento. Señala que la pericial demostrará que el decreto no está firmado electrónicamente en la fecha que figura y que ha sido falsificado en perjuicio del expedientado por los veladores.
