El consejo de dirección de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat -entre sus competencias figuran las del antiguo Ivvsa- ha aprobado reducir hasta un 50% la renta que cobra a los inquilinos de los pisos de su parque público (1.068 viviendas), que a partir del primer trimestre de 2016 tendrán nuevos baremos. Habrá tres tipos diferentes de rentas. La familias con ingresos inferiores a 11.182 euros pagarán un 25% de los ingresos ponderados; las que ingresen hasta 18,637 un 30% y las superen esta cantidad también el 30% pero deberán asumir los gastos de comunidad. Los altos precios que se pedían hasta ahora por el alquiler han provocado, según la Conselleria de Vivienda y Vertebración del Territorio, que la mitad de los pisos estén vacíos y las tasa de morosidad e impagos sea del 14%. En algunas promociones los inquilinos deben pagar hasta 60 euros de gastos de comunidad además del alquiler.

El Consell pretende corregir la fórmula aplicada por el anterior gobierno con un procedimiento, según la conselleria María José Salvador, más justo que tenga en cuenta la situación económica real de las familias, ya que ha podido variar desde que accedieron al arrendamiento. De esta manera, se favorecerá el acceso a una casa a las familias que no pueden alquilar una vivienda en condiciones normales del mercado. En la reducción de las rentas se estudiará las circunstancias económicas de las familias, partiendo de los ingresos ponderados de la unidad familiar, según el número de miembros y la zona geográfica donde se encuentre la vivienda.

Por ello, para unos ingresos de hasta 11.182 euros anuales, la renta del alquiler a pagar, incluidos gastos de comunidad, no superará el 25% de los ingresos ponderados. Mientras, para rentas de entre 11.182 y 18.637 euros anuales, el alquiler, incluidos gastos comunitarios, será como máximo del 30% de los ingresos ponderados. Por último, para las familias con ingresos superiores a 18.637 euros al año, la renta del alquiler, sin incluir gastos de comunidad, será inferior al 30% de los ingresos ponderados.

En el consejo también se trató el inicio de los trámites para modificar el modelo de la vivienda protegida propiedad del Consell. De esta manera, la Conselleria asegura que ya se están tramitando los ajustes normativos necesarios para modificar el régimen de uso de sus viviendas para que, indistintamente, puedan estar a disposición tanto en régimen de venta, alquiler o alquiler con opción a compra, según las necesidades que presente cada caso concreto.

Por otro lado, la conselleria María José Salvador reiteró ayer su apuesta por la rehabilitación y la regeneración urbana actuando en la ciudad consolidada. Para ello, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda cuenta con un incremento del 110% en los presupuestos de 2916 por tres razones, según Salvador. Genera tres puestos de trabajo más que la obra nueva, mejora la calidad y la accesibilidad de las viviendas y porque «ha de ser un vector de la nueva economía en la Comunidad Valenciana».

En este sentido, la Conselleria ha firmado ya acuerdos con 14 municipios para actuar en sus cascos históricos, actuaciones que también están previstas en los presupuestos de 2016 junto con otras que se llevarán a cabo para reformar el parque público de viviendas en barrios de las tres provincias, seleccionados por su situación de degradación. En la Comunidad hay 700 viviendas sociales del parque público que precisan acometer reformas, de las que casi 300 están en Alicante.