El director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluis Ferrando, ha remitido una carta a sesenta municipios enclavados en el litoral exigiéndoles información detallada sobre la situación en la que se encuentran los planes urbanísticos que afectan a la franja de 500 metros desde la ribera del mar.

La Generalitat Valenciana quiere proteger y en su caso rescatar del urbanismo salvaje de la última década la denominada «infraestructura verde» a través del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral en la Comunitat Valenciana (Pativel).

Una vez establecida la moratoria sobre los planes urbanísticos, lo que impide a los municipios dar nuevos pasos administrativos que podrían condicionar el futuro del Pativel, la Generalitat quiere saber de los ayuntamientos la situación exacta en la que se encuentran todos los desarrollos afectados por el plan.

En la carta se reclama a los 60 ayuntamientos, «en la medida de sus posibilidades» y «en el menor plazo de tiempo», que remitan a la conselleria la información sobre los terrenos incluidos en plan.

Se trata de elaborar el Pativel aplicando «los principios de seguridad jurídica» y de «proporcionalidad de los actos de las administraciones públicas».

Se trata, en definitiva, de no adoptar decisiones sobre suelo urbano prácticamente consolidado o cerca de estarlo que puedan derivar en costosas indemnizaciones.

Urbanismo ha establecido hasta 10 categorías o «estados» distintos en la tramitación del suelo que van desde el de sectores de suelo no urbanizable sin ordenación detallada y que no deberían suponer ningún problema para su salvaguarda, hasta las unidades de ejecución de suelo urbano, con ordenación detallada, con PAI aprobado y obras de urbanización iniciadas.

La Generalitat comunica a los ayuntamientos que una vez conocida la situación de partida, se pondrá en contacto con los arquitectos y redactores de planes municipales para «confrontar» los datos y «analizar sobre el terreno» las propuestas del Pativel.

En cualquier caso, la inclusión de suelos consolidados administrativamente, aun cuando tengan clara vocación de formar parte de la infraestructura verde dificilmente podrán reconvertirse en suelo no urbanizable debido al elevado coste de sus rescate. De ahí la necesidad de analizar con mucho detalle y disponiendo de la información municipal el estado exacto de cada desarrollo urbanístico.

Según los datos que maneja la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, la gran presión sobre la franja litoral ha hecho que en el primer kilómetro del litoral el 46% del suelo este sellado (urbanizado), un 31% mantenga su carácter agrícola, el 19% forestal y el restante 4% esté ocupado por masas de agua y humedales.

Los tramos de costa «virgen» (tramos en la que la ocupación por elementos artificiales no supera el 10%) suponen el 22% de la línea de costa de la Comunitat Valenciana.

En la franja de 500 metros a partir de la ribera del mar (desde aquí hasta el mar es el Estado el responsable de su custodia mediante la ley de Costas), un 44% del suelo está protegido por la legislación medioambiental, el 50% es urbano o urbanizable y el 6% es no urbanizable de régimen común.

Crear corredores

Según informes de la conselleria, el Pativel se va a centrar inicialmente en este suelo no urbanizable que supone más de 1.000 hectáreas 3.000 si se considera la franja de un kilómetro. Se trata de suelos «con un alto potencial desde el punto de vista de calidad de la costa y un recurso que conviene preservar, tanto por su escasez como por su multifuncionalidad».

Recuerda la conselleria que estos suelos son «auténticas ventanas al mar, de gran valor paisajístico», que a veces cumplen también una función «trascendental» como corredores territoriales o ambientales». Evitan la fragmentación del territorio y «protegen» frente a riesgos naturales e inducidos como las inundaciones, concluye.