El equipo de gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) ha abierto la caja de los truenos dentro del movimiento vecinal al pedirles, en un primer momento, que destinen los 500.000 euros que reciben para inversiones en los barrios a aumentar la partida para alquileres sociales, tal y como propuso el martes la edil de Acción Social, Nerea Belmonte. Tras la polémica, la edil de Hacienda, Sofía Morales, rebajó ayer la petición y la situaba entre el 30% y el 50% del presupuesto para los barrios en el que los vecinos fijan las prioridades.

No es que los vecinos se nieguen, de hecho algunos ya destinan su aportación para inversiones a comedores escolares, sino que consideran que el equipo de gobierno debería haber sido más previsor o ampliar la partida para alquiler social recortando de otros gastos superfluos. Proponen, por ejemplo, reducir las aportaciones a los grupos políticos municipales (60.840 euros al año), sus sueldos y de sus asesores (en torno a dos millones al año) o de otras inversiones (hay diez millones presupuestados).

Así lo plantea, por ejemplo, el presidente de la asociación de vecinos de La Florida y portavoz de la agrupación que reúne a una docena de asociaciones, José María Hernández, quien asegura que con esa medida el equipo de gobierno les pone en «un brete» y les traslada una responsabilidad «sin contar con nosotros». «Iban a subirnos la aportación al 10% (sobre el importe global de las inversiones) y nos hemos quedado, como siempre, en un 5% (el mínimo permitido por el reglamento municipal)», se quejaba Enrique Vaquero, de la asociación de vecinos de Tómbola, quien consideró que «hay gastos superfluos o que pueden esperar, como cambiar ahora el nombre de calles».

Este último señala que, con el dinero, pretendían reclamar actuaciones pendientes en sus barrios. Y es que aseguran no haber visto ejecutar algunas de las inversiones de anteriores presupuestos participativos. Un malestar que mostraron diferentes representantes vecinales, que también se quejan del cambio del sistema de votación de las juntas de distrito en las elecciones del 14 de enero.

Con este clima, el tripartito reunió ayer a las juntas de distrito y no faltaron los momentos de tensión, como entre los ediles del equipo de gobierno, Sofía Morales y Natxo Bellido, y el popular, Luis Barcala. Ante el revuelo generado por su propuesta, la edil Morales recordó que surgió tras reunirse con Stop Desahucios, que acampó en el hall del Ayuntamiento. Explicó que para dar solución a cuestiones urgentes se acordó utilizar las viviendas reservadas a refugiados sirios que todavía no han llegado. Matizó que la petición a las juntas de distrito es de que aporten «entre un 30% y un 50%» de los 500.000 euros de los presupuestos participativos para ayudar así «a más de 80 familias». Una medida que, incidió, es «voluntaria».