«Ningún alumno se quedará sin la gratuidad de los libros. Los casos concretos se especificarán en el momento oportuno pero las familias pueden estar bien tranquilas». La reflexión del conseller de Educación, Vicent Marzà, va dirigida a los 1.300 alumnos de la Comunidad, en su gran mayoría de Onil -1.100- , cuyos ayuntamientos no se han adherido a la XarxaLlibres por cuestiones económicas. En la provincia, sólo Famorca y Tollos junto a Onil.
La próxima semana, a partir del martes día 1, los primeros 52 ayuntamientos de la provincia que se sumaron al proyecto de libros gratuitos, recibirán a su vez los primeros 4,5 millones euros aprobados por el Consell para empezar a pagar 100 euros por alumno, tanto de colegios como de institutos y de centros públicos y concertados cuyas familias entreguen a cambio una factura de compra de textos de este curso.
Y ahí es donde los padres perciben los principales problemas, porque la gestión de este canje la ha trasladado el Consell a los ayuntamientos y estos, a su vez, a las asociaciones de padres en muchos de los casos.
Hay muchas AMPA sin una sede donde poder recibir a los padres para tramitar los documentos y, como se trata de personal voluntario, dicen que se verán obligados a fijar día y hora para tramitar los documentos. «Pedimos comprensión a las familias porque se van a producir roces por este motivo si no les van bien los horarios que se fijen para la gestión, y la cara con la que se encuentran es la del voluntario de la AMPA que no tiene culpa de nada», coinciden en subrayar tanto Ramón López como Julia María Llopis, presidentes respectivamente de las federaciones provinciales de padres de centros públicos y concertados.
Aunque Educación ha atendido las reclamaciones de la FAPA Gabriel Miró al respecto, y sólo requerirá el CIF de cada AMPA para agilizar la burocracia que conllevan los trámites, en las federaciones de padres no dejan de recibir «quejas y dudas». Y es que al tener que certificar la distribución previa que han hecho de los libros en cada centro al comenzar el curso, advierten de que Hacienda podría reclamar el impuesto de sociedades, porque superan ampliamente el tope de 50.000 euros por asociación.
Tampoco está claro que los bancos no vayan a reclamar entre 3 y 8 euros por cada transferencia de los 100 euros a las cuentas corrientes de los padres; y algunos ayuntamientos, para curarse en salud, exigen a su vez un certificado bancario de cada cuenta particular, valorado en otros 6 euros. «Los hay que ante tanto documento van a preferir no tramitarlo», asegura Llopis. El Consell tiene previsto sumar fondos para más ayuntamientos desde mañana mismo.
