Los propietarios de los seis bungalows que la Generalitat ha demolido en Tabarca, cumpliendo una sentencia del Supremo que los declaró ilegales por ocupar suelo destinado a servidumbre de paso por Costas, van a reclamar al Ayuntamiento que les ratifique si el solar sigue teniendo la calificación de suelo urbano que es, según Pascual Orts, promotor de las viviendas demolidas, la que tenía cuando Generalitat y Ayuntamiento de Alicante dieron los oportunos permisos. La cartografía e imágenes de la isla confirman que en los años 30 del siglo XX había casas. A partir de ahora la polémica entra en una nueva fase y es la reclamación patrimonial que estudian plantear los propietarios, que se consideran principales damnificados de una sentencia que condenó a la Generalitat, la que permitió unas edificaciones que contaron con los parabienes legales del Ayuntamiento de Alicante en forma de licencia y cédula de habitabilidad.
