El Consell presupuesta 7,5 millones para pagar la deuda del IBI de sus viviendas

La Generalitat dejó de abonar el impuesto a los ayuntamientos de la provincia de Alicante en 2009

25.11.2015 | 00:53

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha presentado hoy en Valencia un Plan de Dignificación de la vivienda social que incluye diez medidas de choque para gestionar el parque público de vivienda de la Generalitat que responde a la «vocación social y de rescate de las personas que tiene el nuevo Gobierno valenciano», según ha anunciado la consellera, María José Salvador, quien ha avanzado que en los Presupuestos de 2016 figura una partida de 7,5 millones de euros para pagar a los ayuntamientos el IBI que dejó de abonar el anterior Consell en 2009. Según ha explicado la consellera, se trata de un cambio «radical» de la política de vivienda porque «dejamos atrás 20 años de gobierno del PP donde se dio la espalda a los colectivos más vulnerables, y pasamos a un nuevo Gobierno que apuesta por dignificar la política pública de vivienda a través de una política de intervención en la que vamos a poner todos los recursos posibles destinados a mejorar el parque público de vivienda».

De esta manera, la consellera ha explicado que la gestión de la Generalitat se centra en dos tipos de viviendas: por una parte, las del parque público donde tienen la competencia de administración y de gestión y que son unas 14.000 viviendas, y por otra, las viviendas de titularidad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, donde tienen competencias de gestión, administración y explotación de unas 1.040 viviendas en régimen de alquiler y 330 en régimen de compra-venta. En cuanto al parque público, la consellera ha criticado que el PP «dio la espalda a los que más necesitaba, incumpliendo, incluso, sus obligaciones legales. Había una clara voluntad del PP de acabar con la vivienda social, y apostaron por una ínfima inversión». D hecho, ha recordado que en el presupuesto de 2015 había presupuestado 8 millones de euros para el mantenimiento del parque público y en septiembre de 2015, se había ejecutado solo 400.000 euros. «No se trata solo de lo que se presupuesta sino también la diligencia y eficiencia que se tiene en la ejecución de ese presupuesto, que en el caso la del PP ha sido nula», ha apuntado.

La titular de Vivienda también ha resaltado «la apuesta clara por la reforma y el mantenimiento del parque público del nuevo gobierno», como demuestran los 6,5 millones de euros en el presupuesto de 2016. Hay 250 actuaciones de reforma del parque público en licitación a las que hay que sumar 250 adicionales. «Es un gran reto que nos planteamos de cara al próximo año», ha aseverado en un comunicado. A esta cifra hay que sumar la inversión extraordinaria para la regeneración y renovación urbanas de 15,7 millones de euros entre 2016 y 2017..

En cuanto a las viviendas de protección pública que se construyeron, la consellera ha lamentado que «el PP convirtió al IVVSA, actual EIGE, en una empresa más del mercado de la especulación cuando tenía que haber sido una empresa que garantizara el derecho a la vivienda de aquellos ciudadanos que se encontraban en situación de vulnerabiliad».

Además, María José Salvador ha revelado que el anterior gobierno desarrolló una política «en la que la morosidad de la Generalitat con los Ayuntamientos era una constante, ya que, desde 2009 no se paga el Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI, de las correspondientes a las viviendas del parque público de la Generalitat y que asciende a una deuda de 7.5 millones de euros». Por ello, la consellera ha anunciado que se han presupuestado «1,5 millones de euros para abonar el IBI del año 2016 y la elaboración de un plan de pagos para abonar la deuda de 7,5 millones de euros acumulada desde el año 2009».

Por otro aldo, ante los casos de morosidad por parte de inquilinos del parque público, María José Salvador ha manifestado que se ha empezado una campaña para analizar caso por caso así como de divulgación de las bonificaciones al alquiler de hasta el 90% que concede la Generalitat. Por otra parte, para abordar el problema de los grupos más conflictivos y zonas deprimidas se ha diseñado un Plan de Intervención Integral Sostenible que va dirigido al parque público de algunos municipios donde se trabajará la normalización, la atención social y la regeneración. María José Salvador ha destacado que el objetivo es «evitar la conflictividad social» y, para ello, se trabajará en la integración y en la diversidad.

Estas intervenciones se realizarán en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos y no se limitará solo a la regeneración de viviendas, sino que tendrá continuidad en el tiempo para garantizar la integración de los inquilinos de esta vivienda. EIGE ya se ha empezado a trabajar en este sentido con los ayuntamientos de Elche, Alcoi, Sagunto, Alzira, Burriana, Riba-Roja y Paterna.

Plan para la Ocupación de Viviendas

La Generalitat tiene 1.042 viviendas en régimen de alquiler, con una elevada tasa de desocupación, más del 45%,. La mala localización de algunas promociones, alejadas del casco urbano y en urbanizaciones «fantasma» ha favorecido el bajo índice de ocupación y, en determinados casos, la ocupación ilegal y el vandalismo. Por ello, se ha elaborado un Plan para la Ocupación de Viviendas que incluye acciones de coordinación con los ayuntamientos, mejora y reparación de elementos comunes de las edificaciones y acciones de información. Este Plan se ha puesto en marcha en Gandia y se espera extenderlo a otras localizaciones.

Asimismo Salvador ha recordado que se trabaja en una serie de medidas dirigidas a flexibilizar el acceso a las viviendas protegidas de promoción pública de EIGE, en toda la Comunidad. Para ello tiene previsto promover ajustes normativos para modificar el régimen de uso de sus viviendas para que, indistintamente, puedan estar a disposición tanto en régimen de venta, alquiler o alquiler con opción a compra, según las necesidades que presente cada caso concreto. La Generalitat tiene 330 viviendas en régimen de compra-venta que, actualmente están vacías. Entre las medidas que se adoptarán para ocupar las viviendas destacan el reducir el precio de las viviendas que superen los de mercado, modificar el régimen de tenencia, pasando al alquiler o alquiler con opción de compra y realizar acciones informativas y comerciales.

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