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Sanidad controlará las resonancias privadas para ahorrar y que no haya abusos

Radiólogos de hospitales públicos supervisarán la petición de pruebas, lo que aportará un ahorro del 15% por resonancia

La Conselleria de Sanidad quiere controlar a fondo la realización de resonancias, unas pruebas que salvo en el caso de dos hospitales de la Comunidad -el Peset y Sant Joan- están en manos de empresas privadas. El objetivo de la consellera Carmen Montón es que radiólogos de hospitales públicos supervisen la petición de resonancias y posteriormente las informen en aquellos departamentos en los que el servicio esté privatizado.

Y es que, según explican desde el departamento de Carmen Montón, el número de resonancias en la Comunidad se ha disparado desde que se privatizó el servicio en el año 2000, sobre todo en la primera adjudicación que finalizó en 2008. Tanto que una auditoría realizada en 2013 por la Sindicatura de Comptes revela que en la Comunidad Valenciana se realizan 37 resonancias por cada mil habitantes frente a la media nacional, situada en 21,45. La diferencia representa un 72,5% más de pruebas. La Fiscalía Anticorrupción de Valencia llegó a investigar a esta empresa por presuntamente duplicar pruebas y facturar pruebas no realizadas.

En este sentido, la Conselleria quiere extender el denominado modelo de contrato C con estas empresas, por el que se instalan equipos privados en instalaciones públicas como hospitales supervisados por personal de la pública. Una modalidad de contrato que además supone un ahorro económico. Fuentes de Sanidad aseguran que la conselleria puede ahorrar hasta un 15% por cada resonancia que sea supervisada e informada por un radiólogo de la sanidad pública. Actualmente, la conselleria desembolsa unos 170 euros por cada resonancia que realizan las empresas privadas concesionarias de este servicio.

La Conselleria de Sanidad asegura que con esta medida se cumple con una de recomendaciones de la Sindicatura de Comptes, que estima que el rescate de la concesión de las resonancias puede aportar a las arcas públicas un ahorro de hasta 17 millones de euros. También niega que con la misma se quiera restringir la capacidad de los médicos de pedir aquellas pruebas que sean necesarias.

Devolver el conocimiento

La presencia de profesionales de la sanidad pública en las empresas privadas de resonancias se hará paulatinamente a lo largo del próximo año. «Nos hemos reunido con las sociedades de radiólogos y nos han pedido este margen de tiempo para que la gente pueda actualizar sus conocimientos», señala la consellera de Sanidad, Carmen Montón.

Y es que la intención de la consellera con esta medida pasa también porque los profesionales de la sanidad pública puedan especializarse en una tecnología que hasta el momento no ha estado disponible en los hospitales, sólo en manos de empresas privadas. El hospital Doctor Peset y más recientemente el de Sant Joan son los únicos centros sanitarios que cuentan con resonancias de gestión cien por cien pública.

Durante una visita ayer al Hospital General de Alicante, la consellera Montón también se refirió al último escándalo en el que se ha visto involucrada la empresa que realiza las resonancias en la Comunidad. Cabe recordar que el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia investiga a Eresa por un presunto delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. La empresa podría haber dejado de ingresar por el impuesto de sociedades 8,4 millones de euros entre 2009 y 2012, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Provincial de Valencia, tras una denuncia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

Montón asegura que su departamento está colaborando con la justicia y «remitiendo toda la documentación que se nos pide». En este sentido, la titular de Sanidad afirma que «dejaremos actuar a la Justicia y haremos seguimiento de este tema». Durante su visita al Hospital General, Montón también se refirió a los hospitales en concesión, tres de ellos en la provincia de Alicante (Vinalopó, Dénia y Torrevieja). «Nos hemos encontrado que en algunas concesiones no se había hecho la liquidación de cuentas desde 2009, lo que denota una falta de buena gestión».

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