La Generalitat se ha encontrado con un parque propio de 330 viviendas nuevas de protección oficial pública que construyó para su posterior venta a precios económicos, pero que se quedaron vacías por la falta de demanda debido a la crisis económica y a los recortes de las subvenciones del Ministerio de Fomento y del propio Consell. La situación es sangrante, ya que los pisos se levantaron en pleno «boom» del ladrillo y se quedaron después sin salida, precisamente, cuando se incrementó la sangría de los desahucios.
Ahora, la Conselleria de Vertebración del Territorio les busca una alternativa, que pasa por modificar su calificación para que se puedan alquilar con opción a compra o vender a precios más bajos, para lo cual los técnicos calculan que podrán bajarlos una media del 15% y puntas de hasta el 38%, como va a suceder con una promoción que se construyó en la Vega Baja. Pisos tasados en 111.534 euros que se ofrecerán por 69.000 euros.
Los pasos para facilitar el acceso de las VPO públicas pendientes de venta se basan en promover ajustes normativos para modificar el régimen de uso de los pisos para que puedan estar a disposición tanto en régimen de venta, como de alquiler o alquiler con opción a compra, según las necesidades que presente cada caso concreto. Actualmente existen en la Comunidad Valenciana un total de 1.042 viviendas de VPO de promoción pública en régimen de alquiler y más de la mitad están vacías, y hay 330 viviendas a la venta que no tienen comprador.
La modificación del régimen de las viviendas permitirá, según la conselleria, adaptar la oferta a la demanda en cada momento y dinamizar el mercado, ya que así se evita que se queden inmuebles vacíos porque no se adaptan a las necesidades de quienes se interesen por ellos. Se trata de viviendas de VPO con una superficie máxima de 90 metros cuadrados, todas ellas con garaje y algunas incluyen trastero. Pisos de dos y tres habitaciones y uno o dos cuartos de baño.
En este sentido, las VPO de las que dispone la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) en venta podrán cambiar el régimen al de alquiler o arrendamiento con opción a compra, con rentas algo más reducidas, siempre y cuando esta opción se adapte mejor a los posibles inquilinos y cumplan los requisitos. Desde la Conselleria se trabaja para cambiar las calificaciones de las viviendas para ampliar el abanico de posibilidades y se pretende hacerlo factible en el menor plazo de tiempo posible. Sin embargo, al tratarse de trámites administrativos existen limitaciones de tipo legal que requieren unos plazos mínimos.
Otra de las medidas impulsadas va ser la modificación de los módulos de la vivienda protegida para reducir sus precios. En una primera fase bajará un 38% el precio medio de venta de varias de sus viviendas protegidas que dispone en Orihuela, pasando de los 111.534 euros iniciales a un precio actual de tan sólo 69.000 euros. El EIGE ya ha reducido el precio de venta de una parte significativa de las viviendas de su propiedad que dispone en varios municipios de la Comunidad, que se sitúa en su mayoría entre el 10% y el 15% del precio actual del inmueble.
Alquiler social
Por otro lado, la Conselleria de Vivienda entregó ayer seis viviendas en régimen de alquiler social en Crevillent y a otras tres en Biar a familias con recursos limitados. La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, Blanca Marín, se reunió con los representantes municipales de Crevillent, Biar y Novelda para hacer entrega de estas viviendas y valorar la situación actual del parque público de viviendas existentes en cada municipio.
