Positiva aunque con grandes matices en el fondo, pero del todo inoportuna en las formas. El secretario general de los Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, portavoz también de la patronal de la Comunidad Valenciana, cuestionó ayer el efecto que puede tener la moratoria de un año impuesta por el Consell al desarrollo de nuevos planes urbanísticos en la costa, y que en la provincia puede afectar, directamente, a unos siete millones de metros cuadrados de suelo calificado como no urbanizable o urbanizable programado. Ésto último puede dar pie, incluso, a una posible reclamación de indemnizaciones económicas desde la Generalitat, según creen los promotores.
Ros advirtió de que medidas como la tomada por el Consell -los promotores no fueron invitados a la presentación del plan litoral- crean inseguridad jurídica y pueden espantar a los inversores, lo que se traduce, directamente, en freno a la creación de empleo y al turismo residencial, muy importante en la costa de la provincia de Alicante. «La medida podría llegar a ser positiva porque nadie cuestiona que haya que proteger el litoral, pero anuncios como éste y de la forma como se hacen frenan cualquier tipo de iniciativa e, incluso, pueden llevarse por delante a empresas que llevan esperando desde hace diez años la aprobación de sus planes urbanísticos», subrayó Jesualdo Ros.
En principio, el suelo que queda blindado con la orden de la Conselleria se divide en, aproximadamente, 350 hectáreas de suelo no urbanizable y 250 hectáreas de suelo urbanizable programado o con el plan caducado, según apuntaron ayer desde la Conselleria de Urbanismo.
Lenta recuperación
Los promotores alertan, por otro lado, de que la recuperación económica que se anuncia en el conjunto de la Comunidad Valenciana va más lenta en Alicante, donde el peso de la construcción en la economía es más importante que en el resto de las otras dos provincias, según Provia. Y eso que entre enero y octubre de este año el Colegio de Aparejadores ha registrado visados por un total de 3.377 viviendas nuevas frente a las 2.746 que se visaron durante todo el año 2014 , y estima a final de año se cierre con una cifra cercana a las 4.000, un 45%. En este sentido, el presidente del Colegio, Gregorio Alemañ compartió las impresiones de Jesualdo Ros. Alemañ consideró, en declaraciones a la cadena Ser, que la medida no es mala pero también puede ser perjudicial por su efecto sobre la construcción.
Los que se mostraron completamente a favor fueron los conservacionistas de Ecologistas en Acción, que apuntaron que la moratoria y el plan ofrecen una oportunidad de oro para acabar con proyectos como el de Cala Mosca en el litoral de la Vega Baja.
Bloqueo urbanístico
La reacción de los promotores se produjo un día después de que la consellera María José Salvador, firmara la orden por la que el Consell ha establecido una moratoria de un año a la aprobación de planes urbanísticos que impliquen recalificación de suelo no urbanizable o urbanizable programado en los 500 metros de franja costera entre Vinaroz y Pilar de la Horadada. La medida, que no afecta al suelo urbano, prevé la protección de 43 millones de metros cuadrados (4.300 hectáreas) en la Comunidad Valenciana, que no tienen ninguna protección hasta que se redacte y apruebe el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (Pativel), un instrumento jurídico que fijará las medidas de protección de la franja costera y los proyectos a desarrollar para mejorar el paisaje litoral. La moratoria afecta a los 60 municipios de la costa donde viven 2,7 millones de personas entre Alicante, Valencia y Castellón, con una densidad de población de 850 habitantes por kilómetro cuadrado.
